Matías Gatica Lindsay

Un día después que la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra la ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ayer el Pleno del máximo tribunal decidió de forma unánime remover a la abogada de su cargo a raíz de irregularidades derivadas de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla

A comienzos de septiembre, un reportaje de Ciper reveló que Vivanco y Hermosilla mantuvieron chats sobre causas y nombramientos al interior del Poder Judicial, por lo que el 9 de ese mes el Pleno de la Corte Suprema le abrió un cuaderno de remoción y suspendió de sus funciones a la ministra.

De esta manera el máximo tribunal ingresó siete causales al cuaderno de remoción y le dio un plazo de 25 días a Vivanco para que aclarara su injerencia en cada uno de estos casos.

Estos son: una posible interferencia en la designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramiento de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón; irregularidades en la tramitación de la causa de consorcio Belaz Movitec Spa con Codelco; intervención junto a Hermosilla en el nombramiento de ministros de cortes; intromisión en causas en tramitación en la integración de salas de la Corte Suprema; entrega de información al abogado en causas relacionadas con miembros de Carabineros y las FF.AA; concertación con Hermosilla para obtener nombramiento de miembros de tribunales y otras irregularidades.

En la sesión de ayer, en la cual se inhabilitó el ministro Sergio Muñoz, quien comparte una acusación constitucional en su contra con Vivanco, se rechazó la petición de ella de inhabilitar a otros seis jueces y luego se detallaron las acusaciones en su contra.

Tras ello fue el turno de uno de los abogados de Vivanco, Cristóbal Osorio, quien dijo que la instancia fue "apresurada" y que los antecedentes obtenidos de medios de comunicaciones eran "ilegales", pues con ellos que "se vulneraron bases de datos del Ministerio Público" y que por ende "no se pueden usar en la sentencia".

Además, acusó que se omitieron instancias previas, pues no tuvieron acceso a la Comisión de Ética, y que se omitieron conversaciones de WhatsApp. "No están todos los WhatsApp. El fiscal nacional mandó un collage de WhatsApp", acusó.

Finalmente, alegó que hubo un sesgo de género debido a que no se le dio a Vivanco el mismo trato que al ministro Muñoz, quien también es parte de investigaciones, pues ella fue sometida a preguntas en torno a su relación marital, mientras que a Muñoz no se le preguntó por las causas de su hija.

Decisión del pleno

Tras un receso, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, leyó el veredicto de los ministros, que determinaron de manera unánime remover a Ángela Vivanco.

Los jueces desestimaron los argumentos de la defensa sobre una falta de conocimiento de los antecedentes, pues la defensa "ha tenido pleno acceso al contenido de este expediente. Distinto es el tratamiento de aquellos que se vinculan con la Comisión de Ética", por lo que descartó que la defensa tuviera "falta de herramientas" para construir su defensa.

Sobre una posible prueba ilícita, respondieron que los chats los reveló un medio de comunicación y que "tienen su origen en la entrega voluntaria que realizó Hermosilla al Ministerio Público.

El fallo establece que Vivanco " tuvo una participación inadecuada" respecto a las causas del Consorcio Belaz Movitec SpA "al haber efectuado gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar" en el caso y "más grave aún, impartió instrucciones directas en la tramitación de la causa".

Indicaron también que en el caso de designación de fiscal nacional ella no era indiferente a los hechos atribuidos " a su esposo Gonzalo Migueles" sobre posibles sobornos para el nombramiento.

El veredicto indica que sus conversaciones sobre recomendaciones a Hermosilla "tampoco pueden ser calificados de simples conversaciones entre profesionales" y que lo expuesto en los diferentes casos "da cuenta de un patrón de conducta que se aleja del buen comportamiento exigible para un ministro de la Corte Suprema de Justicia, al intentar conformar redes de influencias, proceder incompatible con el cargo".

Tras la instancia el abogado Cristóbal Osorio dijo que se van "tranquilos" y "conformes" con la defensa y acusó que "no hubo pronunciamiento" sobre "muchas cosas que nosotros manifestamos".

Ángela Vivanco es la primera ministra de la Corte Suprema en ser destituida por la institución desde 2001, cuando se expulsó al juez Luis Correa Bulo por tráfico de influencias.

La Brigada Anticorrupción de la PDI allanó 14 domicilios en las regiones Metropolitana y del Bíobío como parte de la investigación a la fundación ProCultura, que es indagada por presuntas irregularidades financieras en convenios suscritos en varias regiones del país.

En medio de cuestionamientos de la oposición por una presunta lentitud en las diligencias relacionadas al caso Convenios, la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el persecutor Patricio Cooper, ordenó el allanamiento 12 de domicilios ligados a funcionarios de ProCultura en la Región Metropolitana y dos en el Biobío.

En la capital se realizaron procedimientos en las comunas de Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Puente Alto, Santiago Centro y Las Condes. Entre ellos se allanó la casa del cofundador de la ONG, Alberto Larraín, a quien le incautaron computadores, su celular personal y otros dispositivos móviles.

Sobre esta acción el psiquiatra dijo que el procedimiento "fue bastante tranquilo, colaboramos y yo entregué todo lo pedido".

"Nosotros habíamos ofrecido varias veces entregarlo antes, en más de 20 oportunidades ofrecí entregar las distintas cosas, entonces, estoy tranquilo de que finalmente se haya podido completar este proceso", agregó.

Entre los domicilios allanados igual se encuentra el de la representante legal de la ya extinta fundación, María Constanza Gómez, así como también de directores, jefes de unidades, contadores y personal operativo de la ONG.

En los allanamientos se recuperaron CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos, documentación y además se hallaron los servidores de la fundación que hasta ayer estaban desaparecidos. Estos serán periciados por personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

También se tomó declaraciones a diferentes funcionarios de la fundación. Anteriormente tanto a Larraín como a Gómez se les solicitó declarar en este caso, sin embargo ambos se acogieron a su derecho de guardar silencio.

Este procedimiento se llevó a cabo una semana después que se diera a conocer que la exprimera dama Irina Karamanos habría realizado cinco abonos a la fundación. Su hogar no habría sido allanado ayer.

El martes se informó que la abogada de Procultura y de Larraín, Susana Borzutzky, renunció a la defensa por "diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa".