Redacción

Pasadas las 17 horas de ayer se hizo efectiva la entrega de las más de 700 mil páginas con mensajes obtenidos del teléfono de Luis Hermosilla a su defensa, encabezada por Juan Pablo Hermosilla, quien solicitó dicha diligencia tras acusar que la Fiscalía estaba eligiendo arbitrariamente qué acusaciones levantar, principalmente contra su defendido, basada en ese enorme cúmulo de material.

Hermosilla y su socia Leonarda Villalobos están en prisión preventiva desde la semana pasada luego de que se les formalizara por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, que fueron imputados tras la publicación de grabaciones que explicitaban pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero a cambio de favores para sus clientes.

"Si vamos a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, qué ministros le pedían favores, y no vayan escogiendo, haciendo cherry picking", aseguró Juan Pablo Hermosilla al argumentar su solicitud.

Los archivos fueron entregados en un disco duro a abogados del equipo de defensa de Luis Hermosilla, quienes fueron a retirarlo a Fiscalía, y entre ellos existen alusiones a varios personajes políticos y judiciales como el exministro del Interior Andrés Chadwick, la fiscal Lorena Parra (a cargo de la acusación contra los imputados), el exfiscal Manuel Guerra y el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, entre muchos otros.

En este caso se mantienen en prisión preventiva tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos, la responsable de haber grabado la conversación que dio inicio al escándalo. La defensa del abogado ingresó el martes una apelación para cambiar la cautelar por una menos gravosa y será revisada hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En otra diligencia próxima, la exanimadora de televisión Tonka Tomicic fue citada a declarar el lunes como testigo luego de que fuera mencionada en algunos de los audios y se conociera que hizo 18 transferencias a Villalobos por 41 millones de pesos con motivo de una demanda de la dueña del centro de eventos "La Cuca".

Grupo patio

Otro tema vinculado a este caso surgió en las últimas horas, referido a una supuesta intervención de Hermosilla en favor del Grupo Patio ante Felipe Ward cuando el militante de la UDI era ministro de Vivienda de Sebastián Piñera.

Según una publicación de Ciper, existen mensajes de WhatsApp entre el exsecretario de Estado y el hoy imputado en los que este le pide a su interlocutor que emita, en apenas dos meses, tres documentos que permitieron edificar en una zona rural de Lampa el loteo industrial Parque Capital de la mencionada sociedad, propiedad de Antonio Jalaff, quien ya había sido mencionado en el Caso Audios.

Ante ello, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció ayer la apertura de una investigación sumaria en la Seremi Metropolitana "que es donde todo esto se procesa, está revisando todas las actas y todos los procesos previos para ver cuál es la situación de los hechos ocurridos en la administración anterior".

El aludido exministro Ward aseguró que "es totalmente falso" que él hubiera intervenido para acelerar un proyecto "por petición de una persona".

Reconoció, sin embargo, que el Gobierno decidió "destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos y en esa lista estaba este proyecto".

Redacción

Pasadas las 17 horas de ayer se hizo efectiva la entrega de las más de 700 mil páginas con mensajes obtenidos del teléfono de Luis Hermosilla a su defensa, encabezada por Juan Pablo Hermosilla, quien solicitó dicha diligencia tras acusar que la Fiscalía estaba eligiendo arbitrariamente qué acusaciones levantar, principalmente contra su defendido, basada en ese enorme cúmulo de material.

Hermosilla y su socia Leonarda Villalobos están en prisión preventiva desde la semana pasada luego de que se les formalizara por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, que fueron imputados tras la publicación de grabaciones que explicitaban pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero a cambio de favores para sus clientes.

"Si vamos a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, qué ministros le pedían favores, y no vayan escogiendo, haciendo cherry picking", aseguró Juan Pablo Hermosilla al argumentar su solicitud.

Los archivos fueron entregados en un disco duro a abogados del equipo de defensa de Luis Hermosilla, quienes fueron a retirarlo a Fiscalía, y entre ellos existen alusiones a varios personajes políticos y judiciales como el exministro del Interior Andrés Chadwick, la fiscal Lorena Parra (a cargo de la acusación contra los imputados), el exfiscal Manuel Guerra y el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, entre muchos otros.

En este caso se mantienen en prisión preventiva tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos, la responsable de haber grabado la conversación que dio inicio al escándalo. La defensa del abogado ingresó el martes una apelación para cambiar la cautelar por una menos gravosa y será revisada hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En otra diligencia próxima, la exanimadora de televisión Tonka Tomicic fue citada a declarar el lunes como testigo luego de que fuera mencionada en algunos de los audios y se conociera que hizo 18 transferencias a Villalobos por 41 millones de pesos con motivo de una demanda de la dueña del centro de eventos "La Cuca".

Grupo patio

Otro tema vinculado a este caso surgió en las últimas horas, referido a una supuesta intervención de Hermosilla en favor del Grupo Patio ante Felipe Ward cuando el militante de la UDI era ministro de Vivienda de Sebastián Piñera.

Según una publicación de Ciper, existen mensajes de WhatsApp entre el exsecretario de Estado y el hoy imputado en los que este le pide a su interlocutor que emita, en apenas dos meses, tres documentos que permitieron edificar en una zona rural de Lampa el loteo industrial Parque Capital de la mencionada sociedad, propiedad de Antonio Jalaff, quien ya había sido mencionado en el Caso Audios.

Ante ello, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció ayer la apertura de una investigación sumaria en la Seremi Metropolitana "que es donde todo esto se procesa, está revisando todas las actas y todos los procesos previos para ver cuál es la situación de los hechos ocurridos en la administración anterior".

El aludido exministro Ward aseguró que "es totalmente falso" que él hubiera intervenido para acelerar un proyecto "por petición de una persona".

Reconoció, sin embargo, que el Gobierno decidió "destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos y en esa lista estaba este proyecto".

La seguridad ha sido un tema central de importantes reuniones desarrolladas entre el martes y ayer, la primera entre parlamentarios de todos los sectores con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo y la segunda liderada en La Moneda por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la que participaron miembros de las policías y el Poder Judicial.

La cita en Viña del Mar tuvo como tema central la problemática migratoria del país, con exigencia de concretar más de 30 mil órdenes de expulsión del país y un diálogo para que se avance también en regularizaciones.

Tras la cita, el senador Manuel José Ossandón (RN) valoró que la reunión "tuvo súper buen tono de todos lados. El grueso fue el tema de la migración", y planteó que "aunque no tuvo mucho apoyo, por lo menos en mi sector, es que yo creo que hay que reconocer la realidad y hay que hacer un plan de regularización masiva, y después perseguir a los delincuentes".

Y el diputado Henry Leal (UDI) señaló que "me alegro de que el Presidente se haya atrevido a abordar el principal problema de los chilenos como política de Estado: los delincuentes que tienen órdenes de expulsiones pendientes, (comenzar con) los más peligrosos".

Mientras que el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, expuso que "se ha hecho más en estos dos años. Yo creo que nadie que haya salido de esa reunión piensa que en seguridad no se está haciendo lo suficiente, que no se está haciendo un gran esfuerzo".

Como respuesta, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó tras la cita en La Moneda que "todos estamos de acuerdo en expulsar, pero creo que es bueno colocarse metas realistas y eficaces, y no pedir hacer algo que las personas que estuvieron a cargo antes no pudieron hacer, porque entonces esa propuesta no busca solucionar un problema, busca hacer un punto político. Debemos expulsar a quienes podemos expulsar, y a quienes no podemos expulsar, tenemos que tenerlos bajo control".

La seguridad ha sido un tema central de importantes reuniones desarrolladas entre el martes y ayer, la primera entre parlamentarios de todos los sectores con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo y la segunda liderada en La Moneda por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la que participaron miembros de las policías y el Poder Judicial.

La cita en Viña del Mar tuvo como tema central la problemática migratoria del país, con exigencia de concretar más de 30 mil órdenes de expulsión del país y un diálogo para que se avance también en regularizaciones.

Tras la cita, el senador Manuel José Ossandón (RN) valoró que la reunión "tuvo súper buen tono de todos lados. El grueso fue el tema de la migración", y planteó que "aunque no tuvo mucho apoyo, por lo menos en mi sector, es que yo creo que hay que reconocer la realidad y hay que hacer un plan de regularización masiva, y después perseguir a los delincuentes".

Y el diputado Henry Leal (UDI) señaló que "me alegro de que el Presidente se haya atrevido a abordar el principal problema de los chilenos como política de Estado: los delincuentes que tienen órdenes de expulsiones pendientes, (comenzar con) los más peligrosos".

Mientras que el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, expuso que "se ha hecho más en estos dos años. Yo creo que nadie que haya salido de esa reunión piensa que en seguridad no se está haciendo lo suficiente, que no se está haciendo un gran esfuerzo".

Como respuesta, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó tras la cita en La Moneda que "todos estamos de acuerdo en expulsar, pero creo que es bueno colocarse metas realistas y eficaces, y no pedir hacer algo que las personas que estuvieron a cargo antes no pudieron hacer, porque entonces esa propuesta no busca solucionar un problema, busca hacer un punto político. Debemos expulsar a quienes podemos expulsar, y a quienes no podemos expulsar, tenemos que tenerlos bajo control".