Leo Riquelme

Los ministros de Interior y Hacienda, Carolina Tohá y Mario Marcel, evitaron ayer hablar de "condonación" en el plan que trabaja el Gobierno ante la situación de los estudiantes deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y que se espera anuncie el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública el sábado, aunque se espera que el proyecto concreto esté listo recién en septiembre.

"Esto estaba en el programa del Presidente del primer día, no es un ofertón, es un compromiso", dijo en radio Universo la jefa del equipo económico aludiendo al compromiso del mandatario cuando era candidato.

"El énfasis como lo describimos hoy día (condonación) lo estamos describiendo de otra forma", añadió Tohá, agregando que será "una solución al problema del CAE", pero sin entrar en detalles.

Según la administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, la deuda de quienes están al día y morosos asciende a US$11.900 millones. El monto llevó a la oposición a exigir que se aclare cómo se financiará esto, advirtiendo que rechazarán que se haga a través del pacto fiscal que pretende conseguir desde el año pasado el ministerio de Hacienda para aumentar la recaudación para planes sociales.

El ministro Mario Marcel ayer también evitó hablar de "condonación" y en radio Valentín Letelier de Valparaíso matizó afirmando que "el compromiso del Gobierno, que está plasmado en el protocolo del presupuesto de 2024, lo que compromete es un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y reducir o aliviar la carga de los deudores que se ha acumulado a través del tiempo (...) La forma específica y las magnitudes en las cuales eso va a ocurrir, eso es lo que vamos a conocer cuando tengamos un proyecto en septiembre".

Ante la postura distante y el flanco interno que abre en el oficialismo, donde el Socialismo Democrático ha criticado un eventual perdonazo dadas las urgencias y prioridades en otros temas, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió en 24 Horas que "esto no es que se evite decir una palabra sino que queremos poner el énfasis en los principios generales que va a tener esa propuesta, y por eso hemos hablado de que va a ser justa".

El Poder Judicial hizo ayer un balance del primer año de vigencia de la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimento, la que ha permitido que los juzgados de familia ordenen que los morosos paguen 830 mil 438 millones de pesos a través de las distintas vías que posibilita la norma, que incluye retenciones de impuestos, de créditos, inversiones y retiros relacionados con las jubilaciones.

"Son más o menos 22 teletones", lo comparó la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Antonia Orellana, quien celebró el efecto que ha tenido la ley.

La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló que en estos 12 meses han recibido más de 474 mil solicitudes de inicios de causas, que han derivado en más de un millón 368 mil consultas a instituciones sobre activos de los demandados, con retenciones de dinero para 172.432 alimentantes, que han beneficiado a 104.807 alimentarios.

La norma permite disponer del retiro de fondos de los alimentantes cuando no disponen de recursos ára pagar.

"Hoy como país contamos con una mejor institucionalidad para el cumplimiento de las deudas de pensiones de alimento, lo que está generando también un cambio cultural (...) Esta ley permite una acción activa de los órganos del Estado para encontrar el patrimonio de los deudores", agregó la ministra Antonia Orellana.

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció ayer a 10 años de cárcel al único imputado por la quema de la iglesia de Carabineros, ocurrida en enero de 2020, durante el estallido social.

La pena en contra de Gerardo Leal Robles se divide en seis años por el incendio propiamente tal y otros cuatro por lanzar bombas molotov al personal policial que custodiaba el templo ese día.

El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales, indicó que la investigación acreditó que Leal entró al recinto con líquido acelerante y prendió "en al menos cuatro ocasiones fuego", lo que terminó con el inmueble destruido.

Además, de acuerdo a la indagatoria, el inculpado lanzó dos bombas incendiarias en contra de carabineros.

El condenado fue detenido el 3 de enero de 2020 en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, donde portaba un encendedor. Estuvo en prisión preventiva hasta agosto de 2021, cuando su medida cautelar fue rebajada a arresto domiciliario. En esa fecha dejó de estar ubicable hasta junio de 2023, cuando fue hallado y detenido.

La sentencia se dio a conocer el mismo día en que comenzó el juicio en contra del excarabinero Sebastián Zamora, acusado por la Fiscalía de empujar desde el puente Pio Nono a un joven el 2 de octubre 2020, en una protesta post estallido social.