Matías Gatica Lindsay

En medio de las diligencias secretas que realiza la PDI para dar con el paradero de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano secuestrado en Independencia hace ocho días, ayer la oposición expresó sus reparos hacia la figura de Juan Andrés Lagos, un militante del PC que es asesor en el Ministerio del Interior.

Luego que presidentes de cinco partidos de oposición sostuvieron una reunión el miércoles con ministros, algunos dirigentes dijeron estar disconformes con la información entregada en la cita y ayer arremetieron contra Lagos apuntando a una presunta cercanía con el régimen de Nicolás Maduro.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo a radio Cooperativa que en la reunión interpelaron al Gobierno sobre "qué resguardos tenemos respecto a la relación -y eso fue bien explícito- entre funcionarios que son del Partido Comunista muy cercanos a Maduro y el acceso a la información que puede ser delicada (...) No decimos que sea la postura oficial la de Juan Andrés Lagos, pero es una persona que está asesorando en el Ministerio del Interior, que tiene una relación directa estrecha (con Venezuela) y lo que levantamos fue la protección de información que puede ser sensible, solamente".

"Fue más bien levantar la necesidad de que no haya riesgo en esa relación que puedan afectar, por ejemplo, este mismo caso", agregó Hutt, quien cuestionó además los alcances del convenio firmado con Venezuela.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó la postura opositora. "Nosotros no estamos reconociendo ni validando ninguna hipótesis sobre qué es lo que está detrás de este secuestro (...) Esto no se trata de una competencia de partidos de quién tiene más información, esto es algo serio y de suma gravedad", dijo.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo a Emol que la oposición quiso "hacer esto, no una preocupación por la seguridad del país, no una preocupación incluso por la vida de quien está secuestrado, sino un proselitismo de baja monta, además muy recurrente de cargarle a otro algo que todavía son hipótesis (...) No tengo ninguna duda de que a la derecha no le dará confianza un comunista, porque ellos tienen una fobia anticomunista".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo a CHV: "Que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya (...) La investigación está avanzando" y sostuvo que le parecía "insólito" que se pretenda hacer política a partir de un secuestro.

Un día después que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta reemplazó la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional para el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, este último llegó ayer a Santiago para cumplir la medida en la casa de su mamá en La Florida.

En su arribo al aeropuerto capitalino, Andrade, quien es investigado junto a Contreras -ambos exRD- por tres delitos de fraude al fisco en la suscripción de tres convenios entre la fundación y el Minvu, dijo que "se ha demostrado que no he robado nada; no he tocado ni un peso. Son $426 millones y espero que la verdad nos haga libres".

Contreras, quien cumplirá la cautelar en Antofagasta, dijo el miércoles que sigue a disposición de la investigación, "aportando antecedentes".

Sobre el cambio de medidas cautelares, ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que "aquí faltan muchas etapas del proceso, va a seguir investigándose, reuniendo información, interrogando a distintas personas, va a haber testigos, eso sigue (...) Esto no ha terminado, es parte de un proceso".

El secretario de Estado también fue consultado por los dichos de Contreras, quien señaló que los antecedentes de Democracia Viva "eran de público conocimiento en el Ministerio de Vivienda".

"Esto viene del año 2019 y 2020. Lo que está diciendo Contreras es que el sistema de transferencia de los recursos de selección que se conocía de antes y, efectivamente, se conocía desde antes. El actual gobierno no quiso tomar algo que ya venía desde antes. Si a eso se refiere, es efectivo", dijo Montes.

Luego que el diputado Gonzalo Winter (CS) dijo al programa 32 minutos que "el Gobierno ha cometido un error estos dos años (...) En la búsqueda de acuerdos ha parecido que lo que empuja no es la justicia social, sino el acuerdo mismo", ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió que "los debates son válidos, nadie debe espantarse porque hay distintas opiniones", sin embargo, añadió que "los testimonios no son avances sociales si no se logran transformar en acuerdos democráticos (...) Eso es lo que debiera buscar una fuerza política democrática, construir acuerdo sin renunciar a sus convicciones". La jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, dijo que "en el mundo real la oposición de ideas y los acuerdos son algo necesario para tener una democracia sana. Así se construye un Estado".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó ayer la petición ingresada por el senador PS Fidel Espinoza, quien pidió que se desestimara la demanda por calumnias e injurias que presentó en su contra el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien pidió una "indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual", luego que el parlamentario lo apuntó como "el líder de la banda" ante el robo de 23 computadores de la cartera y el caso convenios. El ministro Mario Gómez determinó que la demanda cumple "con las condiciones de ser cierta, clara y determinada, y por lo tanto, para que sea procedente las deficiencias deben ser de tal magnitud que hagan inentendible la demanda".