Matías Gatica Lindsay

Por cinco horas se extendió la primera jornada de la audiencia de formalización de Camila Polizzi y los hermanos Sebastián y Diego Polanco, acusados de incurrir en los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos por el presunto mal uso de $250 millones traspasados a la fundación En Ti a través de un convenio del Gobierno Regional del Biobío. Desde esa institución también fueron formalizados los exfuncionarios Rodrigo Martínez y Simón Acuña, sospechosos de fraude al fisco.

Tras ser detenidos el martes el Ministerio Público formalizó ayer a los cinco imputados. Sin embargo, debido a la extensión de la audiencia y la presunta falta de antecedentes entregados a la defensa el juez lohan Leon determinó suspender la sesión y reanuzarla hoy, cuando se discutirán las medidas cautelares para los imputados, que ayer permanecían de dependencias de Gendarmería.

Según reveló en la audiencia la fiscal Marcela Cartagena, Polizzi acudió al Gore del Biobío a mediados de 2022 para postular a un fondo concursable su proyecto "Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte". Sin embargo, le informaron que su fundación "Conce Solidario", que presidía su madre, en que su tesorero era su entonces pareja Sebastián Polanco y en que ella era la secretaria, no tenía la antigüedad de dos años requerida para ser ganarse el dinero.

Según la persecutora, Polizzi fue recibida por el administrador regional Rodrigo Martínez, quien le habría sugerido que arrendara otra fundación con ese fin y la derivó al jefe de división de Desarrollo Social Humano, Simón Acuña, quien le habría explicado como realizar la postulación.

Con esos antecedentes Polizzi contactó al presidente de la fundación En Ti, Gerardo Silva, quien según la fiscalía tiene un grado de discapacidad intelectual, y le habría ofrecido $10 millones por el arriendo. La firma se concretó en diciembre de 2022 cuando también junto a Polanco presentaron el proyecto al GORE y se ganaron un fondo de $250 millones, con el cual tenían seis meses de plazo para realizar 45 capacitaciones vecinales.

La fiscal dijo que para pactar el proyecto se usó la firma de Silva sin que supiera y a finales de diciembre el GORE hizo el primer pagó a En Ti por 75 millones. Días más tarde la modelo, que abrió una cuenta en el banco para la fundación, realizó giros por $6 millones y $12 millones, que según la fiscal no se usaron para el proyecto.

La persecutora señaló que días más tarde Sebastián Polanco viajó a Santiago y compró con $3 millones en efectivo la OTEC Frumisal, de la cual formó parte del directorio, pero luego traspasó su cargo.

Agregó que fue a esa entidad a la que se le hicieron transferencias de dinero para llevar a cabo las capacitaciones, las cuales nunca se realizaron y según Cartagena se usaron firmas de vecinos que no sabían y a otros se les dijo que se les haría arreglos en sus inmuebles si firmaban los documentos que luego fueron rendidos con la firma de Gerardo Silva sin que supiera.

Al percatarse que las capacitaciones no se hacían, Silva fue al GORE a denunciar lo sucedido y que aún no se le pagaban los $5 millones restantes del arriendo. Según Cartagena, él se reunió con Acuña, que a su vez le informó a Martínez y no actuó ante la eventual irregularidad.

Con ello se transfirió la segunda parte del proyecto, unos $166 millones, con los cuales según la fiscal se realizó la misma fórmula de contratar honorarios que no realizaron las capacitaciones.

Según la fiscal, Polizzi tenía cuatro cuentas bancarias distintas, en las que se hizo múltiples transferencias de una a otra y sacó más de $23 millones en efectivo, dinero con el que su madre habría comprado un auto por cerca de $9 millones.

Cartagena agregó que los hermanos Polanco obtuvieron transferencias de Polizzi y Diego recibió 15 millones desde Frumisal. Polanco habría comprado un vehículo año 2023 con la plata.

La fundación Democracia Viva respondió a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado que le pidió devolver más de $391 millones entregados a la entidad cuyo representante legal es el exRD Daniel Andrade, que firmó convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces era liderada por Carlos Contreras, del mismo partido, lo que derivó en el Caso Convenios.

A través de una declaración, Democracia Viva dijo que su solicitud de reintegrar los $294 millones se da "a pesar de obstáculos y dilaciones del Ministerio de Vivienda, que nunca quiso recibir de vuelta dicha suma"

La fundación remarcó que el Ministerio de Vivienda "se niega a reconocer el correcto uso de $97 millones ejecutados que son motivo de esta acción legal en la que se nos demanda (...) La demanda del CDE, y las liquidaciones referidas, desconoce, prescinde y omite en su cálculo, para efectos de restitución de dineros por el término anticipado de los convenios , las rendiciones de cuentas realizadas por Democracia Viva por una cantidad de $97.384.285 y como consecuencia de este desconocimiento, prescindencia u omisión, sostiene, de forma temeraria, que fundación no rindió cuentas por la suma" mencionada, lo que aseguró que "es falso".