Matías Gatica Lindsay

A través de sus abogados la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien es imputado por abuso sexual y violación, presentó una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de la Subsecretaría del Interior, la acción legal fue acogida a trámite por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La denuncia fue dada a conocer ayer a través de un comunicado por los abogados Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, quienes informaron que el 13 de febrero se acogió a trámite la solicitud que "no tiene por objeto obtener indemnizaciones o beneficios de carácter económico".

En el escrito los abogados dijeron que la denunciante busca que el tribunal declare seis situaciones. La primera de ellas es que "la denunciante (...) posee un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador"; la segunda que "durante la vigencia de su relación laboral, la Subsecretaría del Interior ha vulnerado sus derechos fundamentales, conforme a los hechos expuestos en la denuncia presentada", en la cual la víctima señaló que no recibió apoyo ante los hechos expuestos.

En el tercer punto señaló que "la Subsecretaría del Interior, representada por el ex Subsecretario Monsalve, ha incurrido en actos vulneratorios de connotación sexual de carácter laboral del artículo 2 del Código del Trabajo, lo que ha afectado gravemente la integridad psíquica y física de nuestra representada".

En el cuarto punto se pide que el tribunal declare que "la Subsecretaría del Interior actuó con negligencia al no tomar medidas adecuadas frente a los actos de acoso sexual sufridos por la víctima"; en el quinto punto se señala que "la Subsecretaría del Interior es responsable de los daños y perjuicios sufridos por nuestra representada"; mientras que en el sexto lugar piden que "se ordene a la Subsecretaría del Interior tomar una serie de medidas para reparar y garantizar la integridad física y síquica de la víctima".

Ante esta acción el subsecretario del Interior, Luis Cordero, recordó que hay una investigación penal abierta, un sumario administrativo en Contraloría y otra acción presentada por la defensa.

"En lo que respecta a las medidas que ha adoptado el Ministerio del Interior, desde que ocurrieron los hechos son de público conocimiento. El Ministerio del Interior ha informado respecto a cada una de ellas ante las comisiones que se han formado en el Congreso (...) Las reflexiones, los mea culpa, las medidas que se han adoptado, las omisiones que pudieron haber existido, son todos antecedentes que se han entregado a la comisión investigadora", señaló el subsecretario.

El Ministerio Público informó ayer que la PDI detuvo a 11 personas que pertenecían a una banda criminal que se dedicaba a transportar distintas drogas desde el norte hacia el sur de la Región Metropolitana, donde era vendida.

Tras una investigación que inició en marzo de 2024, el 10 de febrero la Brigada Antinarcóticos de la PDI interceptó a la altura de Coquimbo una carga con droga que había sido importada desde el extranjero hacia Calama y la cual tenía como destino la RM.

En ese entonces se detuvo a cinco personas y posteriormente la institución realizó 11 allanamientos en Pudahuel, Maipú y La Cisterna, donde fueron detenidas otras 6 personas que pertenecían a esta agrupación criminal.

Entre los detenidos, nueve hombres y dos mujeres, se encuentran dos funcionarios de Gendarmería, uno en retiro y otro activo, pero que se encuentra con licencia médica, quienes al igual que los otros detenidos serán formalizados hoy por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y usura.

En los operativos la PDI incautó más de una tonelada de marihuana, cerca de 90 kilos de cocaína y más de seis kilos de pasta base. Además de cuatro armas de fuego y once vehículos de alta gama.

"En el proceso investigativo, se logra determinar el vínculo que había entre los detenidos (...) dentro de la cúpula se encuentra el líder de la banda criminal, sus brazos operativos, y también, algunos familiares que cumplían ciertas funciones", dijo el subprefecto de la PDI Ricardo Pavez.

La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, abordó ayer los dichos de la precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien mostró su preocupación por el "malgasto fiscal" y aseguró que el Ejecutivo debe recortar al menos 3 mil millones de dólares del presupuesto de 2025.

En medio de sus vacaciones, Matthei hizo una publicación en Instagram en la que señaló que "Chile se está endeudando cada vez más", por lo que "vamos a tener que cortar muchos gastos".

"Este gobierno, este año 2025 tiene que cortar al menos 3 mil millones de dólares. Y después nosotros vamos a cortar 6 mil millones de dólares adicionales para que Chile efectivamente pueda sanear, pueda volver a crecer, para que vuelva a ser el país del cual todos nos sentimos siempre orgullosos", señaló al exalcaldesa.

Ante ello Etcheverry dijo que "se me viene a la cabeza lo que dijo el ministro Marcel hace algunas semanas, refiriéndose a muchos dirigentes políticos que piensan que es fácil recortar el gasto. No es fácil, y sin embargo, se ha hecho de manera decidida, se ha mantenido una política de responsabilidad fiscal que por supuesto está dando resultados". A ello agregó que "no basta con recortar el gasto, necesitamos crecer".