Aunque temprano la expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, había negado que hubiera hecho devoluciones a la Fundación ProCultura, investigada por el caso Convenios y en que trabajó entre 2021 y 2022, más tarde la ONG admitió que sí hizo retornos.

"Todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente. Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente realizó devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento", dijo la abogada de la fundación, Susana Borzutzky.

La situación fue denunciada por El Mostrador y se relaciona con un proyecto en colegios vulnerables de la Región de Valparaíso. Dicho medio afirmó que los antecedentes eran parte de la investigación que lleva el fiscal Patricio Cooper sobre la fundación. El portal agregó que incluso la PDI aconsejó que Karamanos fuera citada a declarar en calidad de imputada.

"No sé de dónde sale esa aseveración", respondió ayer su director, Eduardo Cerna.

Karamanos negó, por su parte, "categóricamente haber abonado monto alguno a ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales. Desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política".

Su expareja, el Presidente Boric, aseguró que ni él ni Karamanos incurrieron en financiación irregular y defendió el obrar de la socióloga. "Pero que se investigue todo lo que se haya que investigar (...) La gente está cansada de defensas corporativas en este tema, que se investigue todo lo que se haya que investigar (...) A mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto, y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quién caiga, partiendo por mí", dijo el mandatario.

La acusación llevó al Partido Republicano a presentar una denuncia ante la Fiscalía Nacional por una presunta obstrucción al avance de las investigaciones del caso Convenios, luego de que quien lo guiara, el fiscal Carlos Palma, se viera involucrado en chats con el abogado Luis Hermosilla. La causa sobre ProCultura quedó desde junio a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Esta entidad aseguró ayer que "la causa se encuentra vigente y se extiende con diligencias en ocho regiones del país" y recalcó que tiene carácter de reservado.

Desde el oficialismo afirmaron que la ofensiva opositora en contra de Karamanos apunta en realidad a La Moneda. Y aunque la bancada PS pidió que se investigue todo lo que proceda, su jefe, Daniel Melo, expresó que "tengo la impresión de que acá hay una búsqueda de igualar, de empatar situaciones" relacionadas al caso Audios.

Matías Gatica Lindsay

El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, cuestionó ayer las declaraciones que ha dado la candidata a alcaldesa de Las Condes Marcela Cubillos, luego que se dio a conocer que recibía un sueldo de $17 millones por hacer clases en dicha institución.

Tras conocerse este caso, la exconstituyente ha defendido el salario que recibió entre 2020 y 2024. En primera instancia, Lavados reconoció que el sueldo era alto, pero sostuvo que "su calidad académica y aporte a la universidad ha sido indiscutible". Sin embargo ayer, a raíz de las declaraciones que ha emitido la exministra, el rector dijo a Tele 13 Radio que ella "no ha ayudado particularmente a la universidad con lo que ha declarado (...) Creo que no ha habido gran empatía, ha habido una defensa fuera de la realidad".

Lavados cuestionó los dichos de Cubillos sobre que la USS es una entidad privada y que "el que entren recursos públicos a una universidad privada no permite que el Estado pueda controlar quién enseña, cómo enseña ni cuánto enseña".

"Las universidades no son una productora de cualquier cosa (...) tienen que ser reguladas (...) La libertad completa no puede existir cuando una actividad es regulada. Tienen que cumplirse ciertos estándares", aclaró el rector.

Lavados insistió en que en su momento "se consideró por autoridades de la universidad que era conveniente tener una persona por las características de Marcela Cubillos. Hay un error en eso que haya sido un contrato como académica, pero eso pasó. Ella tenía un trabajo como coordinadora de publicaciones y trabajó haciendo estudios".

En cuanto a la contratación, reconoció que fue una excepción y admitió que él tuvo responsabilidad al no revisar la remuneración. "Ahí cometí un error por omisión (...) Es un caso único, absolutamente", dijo.

Además dijo que "estamos llenos de escandalillos y estamos pagando el pato por una situación en que no tenemos necesariamente que ver".

Ayer, luego de la renuncia de Andrés Chadwick como presidente de la junta directiva, en la mañana asumió el cargo Carlos Vio, quien hasta ahora se desempeñaba como vicerrector de Investigación y Doctorados de la institución.

En medio de este escándalo la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) realizó ayer una movilización frente a la sede de Providencia, exigiendo "un verdadero fin al lucro y a las cajas pagadoras". Ante esto la federación de estudiantes de la USS aseguró que no compartían la actividad. "No hemos convocado ni somos parte de la marcha organizada y convocada por la Confech (...) No nos representan", señalaron.

Sin embargo medios aseguran que estudiantes de la casa de estudios sí participaron de la movilización.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó la apertura de un sumario por la muerte de un gásfiter en el Palacio de La Moneda.

Luego de trabajar más de 18 horas, Hugo Morales, un gásfiter de la sede de Gobierno, falleció de un paro cardiaco, ante lo cual la Federación Nacional de Asociaciones del Palacio de La Moneda le solicitó al Presidente Gabriel Boric que pida la renuncia a la directora administrativa de Presidencia, Antonia Rozas.

Los funcionarios aseguran que han denunciado de manera reiterada sobrecarga de trabajo sin obtener respuesta.

Ante esta situación, Vallejo dijo ayer que "como corresponde, concurrió la Seremi de Salud, la Inspección del Trabajo, se inició además, y eso lo comunicó la Dirección de Administración de acá de La Moneda, un sumario para colaborar, a propósito no sólo de la solicitud de los trabajadores, sino que por convicción con esclarecer la totalidad de los hechos".

Además dijo que a ella no le corresponde referirse a una posible salida de Rozas.