Leo Riquelme

Una fuerte alza en la demanda a La Moneda por actuar con "mano dura" registró el país en los últimos tres años y medios, según reveló la encuesta dada a conocer ayer por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Según el sondeo, en diciembre de 2019, en pleno estallido social, un 33% respondió afirmativamente a la acepción "en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que este país necesita es un gobierno firme". Ahora, un 66% se expresó de acuerdo con dicha postura.

Para el cientista político Mauricio Morales, este acápite es uno de los más destacados que entregó la encuesta realizada entre mayo y julio. Según tuiteó, se alinea con otras ideas expresadas en el sondeo, como la revalorización de instituciones de orden; y un aumento en la consideración por la obediencia y respeto por la autoridad.

Su análisis se sostiene en que las entidades que generan mayor confianza en la población son la PDI (56%); las universidades (54%); Carabineros (52%); y las Fuerzas Armadas (48%). Las tres instituciones de orden y seguridad son las que más crecen respecto a la medición anterior.

Además, según la CEP, el 79% considera que "la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños debieran aprender", una afirmación que en diciembre de 2019 sólo compartía el 46%.

Para el 54% de los entrevistados reducir la delincuencia es el problema al que el Gobierno debería destinar sus mayores esfuerzos, y aunque bajó en seis puntos respecto a diciembre, la mitad de los consultados opina que "se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlarla".

Para las personas, las tres principales causas del alza en los delitos se explica por la inmigración irregular (49%); la " falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes" (46%); y el consumo de drogas y alcohol (39%). Este escenario redunda en que para un 85% de los entrevistados, las policías se encuentran "superadas" por la situación.

Escenario político

La encuesta reveló también un alza en la aprobación de 22 a 27 puntos en siete meses en el desempeño del Presidente Gabriel Boric, que registró un aumento de 61 a 62% en el rechazo.

En el listado de personajes políticos las figuras mejor evaluadas fueron los alcaldes opositores de Providencia, La Florida y Puente Alto, Evelyn Matthei (55%), Rodolfo Carter (48%) y Germán Codina (41%), respectivamente. Tras ellos quedó el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (40%).

La UDI Matthei admitió que es una posible abanderada de su sector para una futura elección presidencial, aunque agregó que le parece que "no hay nada más desagradable para la ciudadanía que andar levantando candidaturas cuando la gente está preocupada de salir a la calle y que no la maten".

El listado pone en quinto y sexto lugar al expresidente Sebastián Piñera y excandidato José Antonio Kast, ambos con 38%. El partido de este último, Republicano, es justamente el que, según la CEP, provoca mayor identificación en el electorado, con 10%. Su presidente, Arturo Squella, dijo a Emol que esto se explica porque ""los chilenos valoran un partido coherente, con ideas claras y valentía para defenderlas".

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta que decretara la medida prejudicial precautoria de retener los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación Democracia Viva por el cuestionado contrato que suscribió con la Seremi de Vivienda en 2022, como parte del programa que involucraba a campamentos.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el tribunal acogió la medida, que fue requerida porque el convenio no tenía boletas de garantías y la cartera ordenó la devolución de 391 millones de pesos. La ONG alega que corresponden 291 millones aduciendo diferencias administrativas.

El CDE lo solicitó porque, ante los presuntos problemas patrimoniales que aquejan a la fundación, a su juicio existe "un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile". Las ONG dijo que no apelará y agregó que pretende devolver lo "no ejecutado".

El ministro Cordero ayer admitió que en este caso y en la mayoría de los convenios no existen boletas de garantías, pues Contraloría no los exige para el programa de asentamientos precarios.

A su parecer, esto "fue un error", lo que le valió duras críticas de la oposición.

El Gobierno confirmó ayer que denunció el robo de dos computadores desde el Ministerio de Transportes, que de esta manera se suma a los que han afectado a reparticiones como las de Desarrollo Social y las Culturas. El hurto afectó a la subsecretaría del ramo y ocurrió el 7 de julio. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, admitió que el hecho revelado ayer "no estaba dentro de los catastros" que ha hecho el Ejecutivo.

Mal le cayó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, qu'e Gabriel Boric dijera a la BBC que en la lucha contra la delincuencia el salvadoreño se enfocaba solo "en las medidas más extremas". Por Twitter le respondió que él hace prevención y represión directa del delito. "Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su Presidente", agregó.