Leo Riquelme

El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que en todas las regiones donde han abierto investigaciones por convenios suscritos entre fundaciones con los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social o con gobiernos regionales han detectado indicios de ilícitos.

"El viernes tuvimos una reunión de coordinación en la que participaron todos los fiscales regionales en cuyas regiones se están llevando investigaciones por este caso convenios. Pude constatar que en cada uno de los casos donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio lo hicieron porque hay hechos que revisten carácter de delito", dijo en CNN Chile el jefe del Ministerio Público.

Valencia expresó que han detectado "aspectos comunes" en la serie de tratos descubiertos a partir de la denuncia iniciada en Antofagasta, tras un acuerdo entre representantes de RD en la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva.

De hecho, añadió que "muchas de las fundaciones (investigadas) fueron constituidas hace muy poco tiempo, muy cercana a la celebración de los contratos".

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, valoró el trabajo de la fiscalía y añadió que el Ejecutivo ha entregado "los antecedentes que sean necesarios para su investigación", para "que si hay responsables que cometieron delitos sean juzgados".

Los convenios también son investigados por Contraloría, que la semana pasada adelantó que es posible que detecten reproches éticos más que ilícitos.

El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dijo en radio ADN que las palabras de Valencia evidencian que en este caso hay "un puñado de inescrupulosos y eventualmente delincuentes", quienes se valieron "tráfico de influencias".

"No pueden hacerse los locos. Hay que actuar con toda rigurosidad y entregar todos los antecedentes. Esa debe ser una cuestión básica que compartan todos los partidos políticos", dijo, valorando la comisión de expertos que trabaja en propuestas para reducir el riesgo de corrupción ante este modelo que permite la participación de privados en la acción del Estado.

Ayer se retomaron las clases escolares tras las vacaciones de invierno en gran parte del país y el Ministerio de Salud recordó que el uso de mascarillas es obligatorio en las salas de clases para los niños mayores de cinco años, en un intento por evitar la transmisión de enfermedades respiratorias.

La exigencia es posible gracias a la vigencia desde marzo de 2020 del decreto de alerta sanitaria, impulsado por la pandemia del coronavirus. Ayer, sin embargo, la ministra Ximena Aguilera dijo que por ahora el Gobierno no planea prorrogarla.

"Es poco probable, pero nosotros siempre estamos abiertos a evaluar la situación de acuerdo a cómo están circulando los virus, nosotros mantenemos la vigilancia", afirmó.

"La idea es terminar la alerta sanitaria el 31 de agosto, pero hay que ser humildes. El SARS-CoV-2 nos ha dado muchas lecciones, tiene un dinamismo especial que ha tenido mutaciones importantes en el pasado y no podemos descartar que aquello no ocurra en el próximo otoño europeo, cuando se han producido las mayores mutaciones", añadió.

La ministra sostuvo que la circulación de virus respiratorios es menor a la registrada en el peak de junio, pero aseguró que se encuentran "preparados ante la eventualidad de un rebrote", que agregó que podría darse "particularmente de influenza, no tanto en sincicial".

La entrega del Presidente Gabriel Boric de una medalla al juez español Baltasar Garzón fue una "decisión presidencial" y no tiene carácter de Estado, aclaró el canciller Alberto Van Klaveren, quien respondió a la controversia abierta con la oposición, donde recuerdan que el magistrado que consiguió la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 defendió a Bolivia en la demanda marítima.

"El señor Baltasar Garzón es un jurista, un abogado, los abogados justamente ejercen su profesión y cuando es a nivel internacional a veces asesoran a distintos países, no es un caso tan excepcional", lo justificó el ministro, que acompaña a Boric en Bruselas en su gira por Europa.

"(La medalla se le entregó) por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad en la Comisión contra Crímenes de Lesa Humanidad, en distintos países del mundo. Ese es el sentido del reconocimiento que se le hizo. Más allá de las diferencias que podamos haber tenido y que pueden incluso seguir presentes", agregó.

El canciller dijo también que no fue una condecoración como Estado, pues no se trató de la "Orden al Mérito" ni la "Orden Bernardo O'Higgins", sino "un reconocimiento, una medalla que se le entregó a Joan Manuel Serrat y que en el futuro con motivo de la conmemoración se le va a entregar a otros artistas y juristas".