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Fiscalía abre nueva arista por convenios suscritos entre Seremi y otra ONG con militantes de RD
La indagatoria surgió en el Maule pero se sumará al caso que revisa la fiscalía de Antofagasta. Fiscal que investiga lo sucedido en Vivienda confirmó, en tanto, que en allanamiento a domicilio de diputada hallaron notebook y celular de su cuestionada expareja.
Leo Riquelme
El Ministerio Público confirmó anoche la apertura de una nueva arista en la investigación por convenios suscritos por Seremis de Vivienda con fundaciones relacionadas con militantes de Revolución Democrática. A la iniciada por Democracia Viva, ayer se sumó una pesquisa activada en Talca y que involucra a Urbanismo Social, que también implica contratos millonarios.
El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, explicó que las indagatorias se abrieron a partir de la denuncia del senador PS Fidel Espinoza y publicaciones de prensa, en las cuales se acusó que el seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández (RD), favorecía a la ONG , de la cual antes había sido gerente.
Hernández respondió que todo se hizo por licitación, proceso del cual se abstuvo de tomar la decisión.
Una investigación de Ex-Ante, sin embargo, asegura que esta ONG suscribió contratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por 577 millones de pesos por trabajos en esta comuna. Esto se hizo entre octubre y diciembre, igual que con Democracia Viva.
Por esta causa el fiscal Contardo derivó todos los antecedentes a Antofagasta. "Es el mismo modus operandi, que eventualmente tiene que despejarse", dijo.
El fiscal nacional Ángel Valencia dijo que por ahora todas estas causas estarán radicadas en Antofagasta, no descartando que se sitúen en otro lugar o incluso las asuma directamente él, como pidieron diputados del Partido Republicano, que son querellantes en la arista inicial.
"Es prematuro (decidir) por el estado de avance que tienen las investigaciones", comentó anoche.
Ministro y diputada
La nueva arista se conoció el mismo día en que el ministro de Vivienda Carlos Montes, entregó tres archivadores con antecedentes al fiscal regional (s) de Antofagasta, Cristian Aliaga, y al fiscal jefe de la ciudad, Cristián Aguilar, quien investiga eventuales delitos en la suscripción de tres convenios por 426 millones de pesos para realizar acciones en campamentos de la zona, contratos cuestionados porque se hicieron por asignación directa entre dos personas que estaban vinculadas directamente con la diputada Catalina Pérez, como son su ahora expareja, Daniel Andrade, y su exjefe de gabinete Carlos Contreras, todos de RD.
"(Contienen) toda la información que tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando acá", dijo el ministro.
El fiscal Aliaga indicó que las carpetas incluyen 30 resoluciones relacionadas con convenios y traspasos de fondos entre la Seremi y la ONG.
Tras el encuentro, el fiscal Aguilar confirmó que al atardecer del martes efectuaron un allanamiento a una vivienda en Pedro Aguirre Cerda, que resultó ser de la diputada Catalina Pérez.
"No teníamos antecedentes de que pudiera ser compartido o tuviera vinculación con la diputada", afirmó el fiscal, quien aseguró que la diligencia se hizo ahí porque era un lugar que tenían identificado como un domicilio de Daniel Andrade.
El fiscal Aguilar precisó que de dicho inmueble incautaron un notebook y un teléfono celular del sospechoso, quien junto al exseremi son los únicos indagados en calidad de imputado en la presunta causa de corrupción.
El fiscal Aguilar comentó que espera que los aparatos incautados les permitan "contar con antecedentes para esclarecer los hechos".
Monsalve destaca
La diputada Pérez no comentó ayer la diligencia, a pesar de que ha negado que estuviera al tanto de los convenios hechos en su región por personas que eran tan allegadas a ella. En RD la desconfianza es creciente y ayer a ella se sumó el presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien hasta hace poco hablaba que había sólo "descriterio" de Andrade y Contreras.
"Es muy poco probable que (la diputada) no supiera, porque es su propia región, era su círculo cercano", dijo en radio Universo.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró que la fiscalía allanara la casa de la diputada. "Puede parecer contradictorio pero me parece bien que cuando se investiga un eventual delito de mal uso de recursos públicos nadie esté fuera del alcance de la ley y no haya inmunidad ni impunidad", comentó, agregando que Interior instruyó auditorías en todas las delegaciones presidenciales para fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencias de recursos.
Jackson: con salida de subsecretaria ya se asumió responsabilidad política
El líder y fundador de RD, el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, le restó asidero a los pedidos de algunos representantes de la oposición que exigen la salida del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), por su supuesta responsabilidad política ante las denuncias de corrupción que afectan a la Seremi de Antofagasta en los convenios con la fundación Democracia Viva. "Ya fue asumida (…) ya fueron asumidas por parte de la exsubsecretaria (Tatiana) Rojas las responsabilidades del caso", dijo Jackson a CNN Chile. Sobre Montes, agregó que "ha sido absolutamente diligente, se ha puesto a disposición" del caso. El ministro afirmó que "hace hartos días" no se contacta con la diputada Catalina Pérez, quien era pareja y fue jefa de los dos principales involucrados en los convenios.
Udi destina tres abogados a indagar convenios
La UDI anunció que dispuso que los abogados Carlos Oyarzún, Teresita Santa Cruz y Pablo Toloza recopilen a lo largo de todo el país información que le puedan proveer sus representantes locales, como consejeros regionales, alcaldes y concejales, que permitan identificar posibles indicios de corrupción en convenios suscritos entre el Gobierno y fundaciones, como ya se investiga en Antofagasta y se denuncia también en el Maule y Los Lagos. "Se necesita transparentar todo lo que ocurrió en Chile", dijo el diputado Juan Antonio Coloma.
