Matías Gatica Lindsay

Con 30 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó una reforma para extender la vigencia del estado de excepción de 15 a 30 días en caso que la medida haya sido prorrogada seis veces consecutivas.

El nuevo intento presentado por los senadores Álvaro Elizalde (PS), Matías Walker (Demócratas), José García Ruminot (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD) busca reponer el rechazado la semana pasada por la Cámara de Diputados, que pretendía lo mismo pero por 35 días.

De esta forma, la iniciativa que también permitiría a los parlamentarios revocar el acuerdo por mayoría absoluta, y no quitaría la obligación al Gobierno de rendir cuenta al Congreso cada 15 días, debe ser aprobada por la Cámara para entrar en vigencia.

Esta medida se da a días que los parlamentarios entren en receso y permitiría entonces que en febrero no deban votar nuevamente el estado de excepción en la Macrozona Sur.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, agradeció la iniciativa del Senado y aseguró que "el Gobierno ha buscado tener esta prórroga porque las FF.AA, las policías y el Gobierno necesitan planificar con mayor tiempo".

La iniciativa iba a ser votada durante la tarde de ayer por la Cámara, sin embargo según radio Bío-Bío no iba a haber quórum suficiente. por lo cual fue pospuesta.

El diputado Stephan Schubert (IND pro Republicano) agregó que "lo que ocurrió ahora es que se presenta un proyecto demasiado rápido, que no hemos podido discutir" y "creemos requiere de un análisis detallado".

Ayer ambas cámaras aprobaron la decimoséptima prórroga del estado de excepción vigente en la Macrozona Sur. En el Senado fue respaldada por 29 votos a favor, uno en contra y una abstención; y en la Cámara por 95 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones. De no aprobarse la reforma, el 25 de febrero deberá volverse a votar.

por 95 votos a favor 15 en contra y 11 abstenciones la Cámara aprobó una nueva prórroga en la Macrozona Sur.

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Según la encuesta "Situación de las Microempresas de la Región Metropolitana", el 58% de estos emprendimientos estaba funcionando al 100% en 2022, mientras que n 2021 sólo un 44% lo hacía.

El estudio llevado a cabo por el Ministerio de Economía, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y la escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central reveló además que debido al covid-19 en 2021 un 47% de las microempresas se encontraban trabajando de manera parcial, mientras que el año pasado esa cifra bajó a un 35%.

La directora regional metropolitana de Sercotec, Viviana Aguirre, expresó que los resultados "demuestran una creciente reactivación de los locales comerciales".

La directora de la escuela de Economía de la UCEN, Catalina Maluk, agregó que " lo interesante es que en comparación con el año 2021 se observa una mayor actividad económica a pesar de la adversidad y refleja una expectativa económica global positiva por parte de los microempresarios y en la visión que proyectan de sus negocios para 2023".

Pese a dicho aumento, un 51% de los 407 microempresarios encuestados asegura que los ingresos de su emprendimiento han disminuido, mientras que un 27% los ha visto aumentar y un 22% no ve mayores cambios.

A pesar de ello, también un 51% cree que la situación de acá a 6 meses mejorará; y si el plazo se extiende a 12 meses la cifra crece a un 61%.

Luego que el Tribunal Constitucional declarara admisible el requerimiento de senadores de Chile Vamos y el movimiento Demócratas para impugnar siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó que hayan llegado hasta esa instancia.

"La oposición al plantear una estrategia legal muy agresiva, en rigor tratar de ocupar la estrategia legal con fines políticos, podría generar una discusión que va más allá de estos indultos porque las impugnaciones ante el TC finalmente impugnan el ejercicio de la potestad de indultos", dijo a radio Cooperativa.

El secretario de Estado aseguró que el TC le solicitó a la cartera todos los indultos otorgados desde 1981, "lo cual implica que esta discusión ya excede el ejercicio de la potestad de indultos de estos decretos impugnados, sino que el tribunal va a mirar cómo se ha ejercido hasta la fecha".

En caso de ser aceptado el requerimiento, Cordero descartó que los indultados vuelvan a la cárcel. "Lo que se debate en el TC es la constitucionalidad de los decretos dictados, no los problemas de legalidad", sostuvo.

Sobre sus dichos los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Gustavo Benavente dijeron que "si el ministro cree que guardaremos silencio ante las desprolijidades del Gobierno, está muy equivocado (...) Habla desde la academia".

Un grupo de diputados de RN solicitaron ayer a Contraloría que instruya un sumario administrativo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar (Junaeb) debido al retraso en las licitaciones de los programas de Alimentación Escolar (PAE), de Alimentación Párvulos (PAP) y los vales de la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).