Leo Riquelme

El Gobierno precisó ayer que su proyecto para extender las Fiestas Patrias de este año a cuatro días considera que el viernes 16 de septiembre no sea un feriado irrenunciable, para así afectar menos a la actividad económica general.

"Chile se merece también descansar, celebrar, encontrarse, tener actividades familiares, con amigos, con los vecinos y que la celebración de la patria se pueda dar como corresponde", dijo en radio Caricia de Melipilla el Presidente Gabriel Boric al respaldar la solicitud hecha por amplia mayoría de la Cámara de Diputados. "Es necesario volver a encontrarse. Todos lo necesitamos", añadió.

Antes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que el feriado adicional que enviarán a trámite legislativo la próxima semana tendría un impacto de 0,2% en el PIB de septiembre, algo que calificó de ser "relativamente pequeño".

Dirigentes de sectores turísticos solicitaron en la víspera que se analizara la opción de declarar festivo el martes 20 para su mayor beneficio; en tanto que economistas habían estimado el perjuicio del feriado largo en 0,5% de la actividad.

Marcel respondió que no será de ese nivel porque no será irrenunciable; será un viernes, día en que la marcha económica baja; y porque habitualmente el último día antes del inicio de las Fiestas Patrias las empresa reducen sus labores. Para el ministro, tales "particularidades" "reducen al mínimo su impacto sobre la actividad y favorecen a sectores que han estado más rezagados en la recuperación, como el turismo, la hotelería y el transporte".

El ministro de Economía, Nicolás Grau, admitió en radio Pauta que la medida pueden tener un efecto negativo en el "corto plazo" en la actividad, pero pidió considerar que tener esos días libres puede ayudar a que los trabajadores tengan "un buen desempeño en el trabajo (...) a mediano y largo plazo". Agregó que tras dos años "bien complejos para muchas familias", es importante "tener un momento de descanso".

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, comprometió una rápida tramitación, luego de los 108 votos que ya concitó la solicitud la semana pasada.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, desafió al Gobierno al reivindicar los atentados como "forma de lucha" en la Macrozona Sur.

"La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje", dijo a Werkén Noticias, donde agregó que no pretenden atacar a trabajadores: "No es tema dejarlos sin trabajo o quemar la máquina de sus dueños, no tiene que ver con afectarlos directamente. Nosotros hacemos defensa de esa forma, de nuestras reivindicaciones para ponerle un pare al extractivismo, frenar tanta devastación e injusticia contra nuestro pueblo".

El dirgente añadió que los ataques que perpetran "son hacia insumos, hacia maquinarias (...) Nosotros respetamos a los trabajadores".

Esto fue rechazado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en radio T13 afirmó que "sacar a un adulto mayor de una casa con un arma, a un conductor de un camión y amenazarlo con un arma de fuego, no entiendo cómo puede ser considerado respetar a los trabajadores (...) Nosotros estamos contra todo ejercicio de violencia que no se justifica en un régimen democrático".

Gremios y la oposición pidieron aplicar la Ley de Seguridad del Estado a Llaitul, algo que el fiscal nacional Jorge Abbott dijo que sólo podía hacer el Ejecutivo con una querella. Ello fue descartado por La Moneda. "Hemos fijado una posición y no hay cambios. Hay investigaciones en curso y querellas presentadas, y esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la Fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades", dijo en CNN Chile la vocera Camila Vallejo.

La ministra añadió que si las amenaza de Llaitul se concretan en hechos, ahí "evidentemente es constitutivo de delito".

La Fiscalía Regional de Los Lagos abrió una investigación en contra del empresario osornino Pedro Pool por el presunto delito de amenazas. El supermercadista emitió vía streaming dichos hacia exconvencionales constituyentes oficialistas y contra quienes fomentan el Apruebo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Dijo que de aprobarse el texto "nos vamos a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala", agregando que "no van a ser tres mil (los ejecutados), como con el general Pinochet, van a ser hartos más". También mencionó a los exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria, a quienes llamó "prostituyentes" e "indios", junto con firmar que "los vamos a fusilar".

La Moneda negó ayer la presunta difusión de minutas internas dentro del Gobierno para alinear los discursos de las autoridades en favor del Apruebo en las campaña informativa por el plebiscito del 4 de septiembre, como señaló esta semana el sitio Ex-Ante. "Lo descarto tajantemente, no existe ningún tipo de minuta que haya hecho referencia a esa cuestión", dijo Jakson, respecto de los supuestos documentos con "ideas fuerzas".

Tal como se hizo la semana pasada por el Apruebo, representantes de 60 organizaciones abrieron ayer la Casa Ciudadana por el Rechazo en Santiago, un comando que operará cerca de La Moneda y que pretende organizar la campaña en contra de la propuesta de nueva Constitución propuesta por la Convención. En la actividad no hubo representantes de partidos políticos y sus promotores dijeron que abrirán una por región.