Leo Riquelme

Los dirigentes de los trabajadores y representantes de Codelco acordaron la finalización del paro de actividades que mantenían desde el miércoles.

La decisión se definió luego que la estatal accediera a continuar con la operación y a potenciar la refinería de la División de Ventanas, aunque seguirá con su proceso de cierre de la fundición, lo que tiene previsto efectuar en un plazo de cinco años si es que se aprueba la ley que debe enviar el Gobierno al Congreso.

El acuerdo incluye que el lunes se habilitará una mesa de negociaciones para discutir ese cierre en Puchuncaví, cuya unidad está suspendida hace dos semanas por sus emanaciones. Además, la estatal se comprometió a aumentar la inversión en todas sus refinerías, lo que fue celebrado por los dirigentes.

La declaración conjunta indica que la administración y los sindicatos convinieron establecer como "principio de diálogo el cuidado de la salud de los trabajadores, de las comunidades donde se insertan las operaciones, la protección del medioambiente, así como el resguardo de la empleabilidad, junto al potenciamiento de Codelco como empresa pública".

"Estamos cerrando un acuerdo que no es 100% favorable, pero nos abre una esperanza", dijo el líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja.

El vicepresidente de Operaciones de Codelco. Andrés Sougarret, aseguró que la refinería de Ventanas es un "proyecto estable y amigable con el medio ambiente" e insistió en que el futuro de la fundición dependerá del trámite legislativo, por lo que hasta que eso no varíe se mantendrá su operación.

El ejecutivo añadió que si se cierra definitivamente, como pretenden, se harán cargo "de todas las demandas" que realicen sus más de 300 trabajadores directos, lo que involucra la posibilidad de reconversión, reubicación en sus otras unidades o compensarlos si optan por la salida.

En Codelco estiman que si todos sus funcionarios se acogieran a dicho plan el costo de la medida ascendería a unos 30 millones de dólares.

En Ventanas el acuerdo fue recibido con preocupación, pues aludieron que no hubo menciones a los subcontratistas. "Nos queda la arena de la legislación", dijo a radio Cooperativa el presidente de uno de sus sindicatos, Manuel Araya. "Llevamos dos semanas detenidos y sigue habiendo episodios de intoxicación", agregó.

Un grupo de diputados UDI pidió al Gobierno que corrija su postura o saque de su cargo a la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rozas, como una señal de corrección a lo sucedido con el renombramiento del cargo de Gabinete de la Primera Dama por el de "Gabinete Irina Karamanos", que fue corregido el miércoles tras el revuelo generado por la difusión.

Los gremialistas Juan Antonio Coloma, Flor Weisse y Cristián Labbé estimaron que la alusión a un supuesto "error administrativo" de falta de control para justificar lo ocurrido, como dijo la vocera Camila Vallejo en la víspera, está "lejos de ser una explicación satisfactoria".

Los diputados revelaron que antes de la resolución del 30 de marzo que ordenaba la modificación, hubo dos registros en el sistema nacional de inscripción de dominios web en Chile que lo acreditaban.

Uno se hizo el 12 de marzo, al día siguiente del cambio de mando, cuando en NIC se inscribió "gabineteirina.cl". El segundo fue el 18 de ese mes y era "gabineteirinakaramanos". En ambos casos el procedimiento lo efectuó el jefe de Informática de la Presidencia de la República, Luis Escobar.

Los diputados exigieron a la ministra Vallejo que corrija sus explicaciones, "sino un cambio de decisión política por el rechazo que significó en la opinión pública la resolución". Pero agregaron que "si es efectivo que fue un error, lo que corresponde es hacer efectiva la responsabilidad administrativa (...) (Y) exigimos la renuncia inmediata de Antonia Rozas Fabiane, quien como directora administrativa de La Moneda es la responsable directa de la resolución exenta que pretendió modificar la institucionalidad de la Primera Dama en Chile".

El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió una solicitud de la Fiscalía Oriente y le ordenó a una clínica de Vitacura que entregue la ficha clínica de una mujer, quien denunció a su pareja de suministrarle a escondidas misotrol en un té para hacerla abortar. Según informó ayer radio Bío-Bío, el hecho ocurrió en mayo de 2021, cuando tras beberse la infusión presentó "vómitos, diarrea y una hemorragia leve". Al revisar la tasa halló un polvo blanco. De acuerdo a su denuncia, el pololo admtió que le había puesto el fármaco, que tiene fines abortivos. De acuerdo al medio, la mujer se sintió mal y debió ser llevada a una clínica de urgencia, donde verificaron el aborto con el producto. Por ahora la investigación está desformalizada y la fiscalía indaga si existió el delito de "aborto sin consentimiento".

El precio del dólar llegó ayer a los 901 pesos comprador y vendedor, una cifra inédita en la historia nacional y que representó un alza de 14 pesos respecto a su arranque de jornada. Su impulso se explica en parte importante por la caída que ha tenido el precio del cobre, que de los más de 4 dólares la libra que se cotizaba a inicios de mes ayer cerró a US$3,95, su menor valor desde febrero de 2021. Analistas aseguran que este retroceso se explica por los temores a una recesión mundial y a que el mercado espera nuevas alzas de tasas en Estados Unidos, en un intento por frenar la inflación, inquietudes que son más fuertes que el impacto de la paralización de Codelco.