Diego Gotelli C.

Por dos semanas más decidió extender el Gobierno el estado de excepción que rige en cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

La medida se mantendrá con las condiciones actuales, que centra la acción de las Fuerzas Armadas al resguardo de rutas, pese a que la oposición y algunos miembros del oficialismo habían pedido ampliar el actuar militar a todo el territorio bajo la norma.

"Consideramos que esta es una medida adecuada, evaluando los distintos hechos de violencia que se viven" en la zona, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches.

La jefa de gabinete señaló que el proseguir con la estrategia actual fue una de las sugerencias emanadas de la reunión de la semana pasada con autoridades locales, policías y Fuerzas Armadas, las que fueron acogidas por el Presidente Gabriel Boric.

La propuesta contempla además aplicar medidas en la línea de "facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas" con unidades operativas y de control estratégico, junto con otras decisiones de "naturaleza financiera".

Mientras rija la medida, Siches dijo que harán reuniones cada jueves para evaluar su operación, y afirmó que en sus dos semanas de vigencia se ha visto "una disminución en algunos eventos", aunque señaló que es pronto para hacer un balance de efectividad.

Un informe elaborado por Carabineros y citado por La Tercera constató que en los primeros doce días del estado de excepción se registraron 35 delitos asociados a la violencia rural, entre ellos el crimen del trabajador Segundo Catril. Dicha cifra, precisa el documento, es un 28% menor a igual lapso previo a la entrada en vigencia de la norma.

Ayer la policía investigaba un incendio en Quidico que destruyó una casa de familiares de Fernando Fuentealba, líder de la Asociación de Víctimas de Terrorismo en Arauco. Él dijo que fue un ataque.

Critican cobertura

La extensión del estado de excepción alargará su vigencia hasta el 15 de junio y será la última que podrá ejecutar el Ejecutivo por su cuenta. De querer renovarla nuevamente, la petición deberá ser aprobada en el Congreso.

Entre los parlamentarios la prórroga de la norma fue valorada en el oficialismo, aunque algunos como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), lamentaron que no se ampliara.

"Probablemente a muchos nos hubiera gustado una decisión aún más categórica, del punto de vista de incluso extender este estado de excepción, hacerlo más genérico, no solamente en las rutas, también infraestructura crítica y en otros territorios", dijo en CHV, aunque remarcó que respalda la decisión. "Creemos que es una medida en la dirección correcta", añadió.

Mismos reparos esgrimió la oposición, donde afirmaron que la presencia militar centrada en rutas "no basta" para enfrentar la violencia.

"Terroristas siguen celebrando su impunidad y nuestra región sigue sufriendo", manifestó el senador Evópoli Felipe Kast. "El Presidente sigue con una medida fracasada", añadió la diputada Camila Flores (RN), quien pidió decretar un estado de sitio.

Piden fiscalizadores

El jefe de la Defensa en el Biobío, almirante Juan Pablo Zúñiga, solicitó al Ejecutivo que dentro de la estrategia considere incluir a fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos en los controles que realizan en la Macrozona.

Horas antes, el gobernador Rodrigo Díaz había acusado que tal organismo dejó hace cuatro años de perseguir la "ruta del dinero" respecto a los delitos de robo de madera que ocurren en el sector, y dijo estar convencido de que si se desplegaba al SII en controles carreteros se podrían pesquisar cargas ilegales.

Desde La Moneda, la vocera Camila Vallejo consideró como "grave" la denuncia y afirmó que recabarán antecedentes al respecto.

A un mes de que la Compañía de Jesús abriera una investigación canónica por una denuncia de "hechos de connotación sexual" cometidos contra una entonces menor de edad, el sacerdote Felipe Berríos rompió ayer su silencio y negó la acusación en su contra.

"Los hechos que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos y aspiro a que se conozca públicamente la verdad", dijo en una carta el cura, que vive en Antofagasta.

En la misiva Berríos señala que la acusación por los hechos que habrían ocurrido hace 18 años no fue ingresada a Fiscalía, por lo que decidió autodenunciarse para que el Ministerio Público, y no solo la justicia canónica, investiguen el caso. Solicitó que además se añadan a la indagatoria otras denuncias vertidas a través de medios de comunicación, de las que dijo no tener antecedentes.

"No me parece que los sacerdotes debamos tener una justicia especial. Esto es visto, con justa razón, como un privilegio por el resto de los chilenos", señaló el cura.

En su escrito manifestó sus intenciones de defenderse ante tribunales "en la forma más trasparente posible", aludiendo a que durante este mes se divulgaron "muchos rumores falsos". "No puedo seguir callado", recalcó.

Molestia generó en la oposición que el Gobierno difundiera un video que compara la elaboración de anteriores constituciones del país con la propuesta de nueva carta magna, destacando cuántas personas las redactaron y señalando que el 4 de septiembre será un "día histórico" en que se podrá aprobar o rechazar la propuesta. "Todos entendemos (...) que están favoreciendo una opción", dijo el presidente de Republicanos, Rojo Edwards, quien pidió a Contraloría indagar un supuesto "intervencionismo". Chile Vamos hizo lo mismo. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, consideró "infundadas" las críticas, pues afirma están entregando "información", lo que "es un deber" del Ejecutivo ante la votación.