Leo Riquelme

El Senado aprobó el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), que considera el pago de hasta 185 mil pesos para cada mayor de 65 años. La iniciativa ahora se discutirá el miércoles en la Cámara de Diputados, donde los partidos apuestan a su aprobación debido al acuerdo logrado con el Ejecutivo la semana pasada.

Según lo aprobado, la nueva pensión beneficiará a los mayores de 65 años del 90% más vulnerable, que tengan al menos 20 años de residencia acreditada en Chile y reciban hoy una pensión inferior al millón de pesos.

"Este es un hito relevante en el sistema de seguridad social del país", dijo el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

La autoridad indicó que de despacharse del Congreso y promulgarse por el Gobierno esta semana, el Instituto de Previsión Social (IPS) podrá iniciar su pago a partir de la tercera semana de febrero.

La presidenta de la comisión del Trabajo, Carolina Goic (DC), explicó que para calcular que la persona sea parte del 90% más vulnerable no se incluirá el valor de la vivienda principal del jubilado, lo que se hizo para no distorsionar la realidad de la personas por el ahorro que hizo con ese fin durante su vida laboral. Tampoco considerará el ingreso familiar, sino el autónomo de cada integrante.

Para definir a los beneficiarios no se tomará el Registro Social de Hogares, que se usa para asignar gran parte de las ayudas fiscales, sino que un nuevo instrumento que se debe crear.

El PS Juan Pablo Letelier aclaró que quienes recibirán los hasta 185 mil pesos desde febrero serán quienes actualmente son beneficiarios de la pensión básica universal, que se elimina. Estas personas ya no recibirán los 176 mil pesos de dicho instrumento, sino que los 185 mil.

El RD Juan Ignacio Latorre dijo que resultaba "regresivo" que los pensionados de menores ingresos recibirán una mejora de nueve mil pesos, mientras que los que se acercan a la parte más alta del tramo podrían tener el techo de la PGU. También se cuestionó dejar fuera a quienes han recibido reparaciones por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

La UDI Luz Ebensperger respondió que eso se debe a que "en política pública no puede haber beneficios sobre beneficios" y pidió valorar la inclusión de la clase media. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que no se incluyeron porque habría encarecido en US$400 millones el plan y optaron por ampliar la cobertura.

De acuerdo al Gobierno, 1,4 millones de personas obtendrán la mejora en febrero, y que también son parte del pilar solidario. El resto, cerca de un millón de personas, lo harán desde agosto.

Melero indicó que el restante está formado por quienes reciben hoy pensiones entre 630 mil y un millón de pesos, que están entre el 60 y 90% más vulnerable y que recibirán un monto decreciente de la PGU. Letelier y Yasna Provoste (DC) cuestionaron las exigencias de residencia, montos y la universalidad.

Temprano, el Presidente Sebastián Piñera aseguraba que no había "ninguna razón" para oponerse esta iniciativa, asegurando que el financiamiento "está totalmente asegurado".

Lo último en discutirse fue justamente su financiamiento, incluyendo una tasa de 2% de impuesto para los automóviles de valores superiores a los 40 millones de pesos; y para los yates, helicópteros y aviones que cuesten más de US$100 mil. Con las variaciones se espera que el financiamiento pase de estar asegurado de un 35% original que tenía el proyecto enviado por el Ejecutivo, a un 65%.

El proyecto fue aprobado en general y particular, y mañana lo revisará la Cámara.

"Este es un hito relevante en el sistema de seguridad social de nuestro país.

patricio melero, ministro del trabajo"

reajustable La PGU se reajustará anualmente cada 1 de febrero de acuerdo al IPC.

el proyecto no considerará la vivienda principal para calcular si se es parte del 90% más vulnerable.

El Presidente Sebastián Piñera salió al paso de la próxima ministra del Interior de Gabriel Boric, Izkia Siches, quien puso en duda la efectividad del estado de excepción que rige desde octubre en cuatro provincias de la Macrozona Sur.

"Es importante informarse bien. El estado de excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor de apoyo logístico, en comunicaciones, telecomunicaciones, información, inteligencia, a las policías, Carabineros y la PDI y eso ha sido muy útil", dijo. "Ha permitido reducir significativamente el número de hechos violentos", agregó, añadiendo que permitió su baja en "30-40%".

Siches había afirmado en la víspera que "militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que lo ha incrementado". Ayer, tras los dichos de Piñera, pidió que el gobierno informe resultados de la medida, aunque dijo que "los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales la última semana".

La intención del Gobierno es lograr renovar el estado de excepción hasta el 11 de marzo, cuando asuma la presidencia Gabriel Boric, quien a través de su equipo ha dicho que no planea mantener el patrullaje castrense en el límite del Biobío y La Araucanía.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, retrucó ayer que era "absolutamente necesario" porque con él hay "menos ataques".