Leo Riquelme

La semana pasada, cuando se aprobó por unanimidad en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, nadie ponía en duda que el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU). tendría una tramitación expedita en el Congreso. Esto varió ayer.

El punto de inflexión lo pusieron los economistas Andrea Repeto, Eduardo Engel, José de Gregorio y Rodrigo Valdés, quienes a través de una carta a El Mercurio expresaron su inquietud porque, a su juicio, la estrategia seguida por el Gobierno hace que no tenga financiamiento asegurada.

Para ellos, ingresar una indicación para crear la PGU y un proyecto adicional que elimina exenciones tributarias para financiar la prometida pensión base de 185 mil pesos es "una estrategia peligrosa, ya que con alta probabilidad se aprobarán solamente los gastos". Y agregan que aunque urge que se fusionen, eso no resuelve el problema porque con el mecanismo no se obtendrían los 3 mil millones de dólares anuales que costaría y se terminaría pagando con otros instrumentos como el propio Fondo de Reserva de Pensiones y holguras presupuestarias que, dada las proyecciones económicas para los próximos años, es algo "fantasioso".

El vocero del Presidente electo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, comentó " que "la situación en la que nos pone el Gobierno es muy compleja. Queremos avanzar en mayores pensiones y en mayor cobertura, pero el proyecto que presentó no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero al próximo Gobierno".

A ello la diputada PC Karol Cariola agregó que al parecer la mejora en la jubilación la terminarían pagando "los mismos chilenos y chilenas que hoy necesitan mejorar sus pensiones". Para ella, tras esto podría haber una "trampa", por lo que le pidió a La Moneda conversar si la idea es aprobarlo en enero para pagar la pensión desde febrero.

El gobierno responde

Para el lunes está previsto el reinicio de la discusión en la Cámara. El Ministerio de Hacienda ha sostenido que la PGU cuesta un punto del PIB, que se pagarán en 0,35 por el fin de exenciones tributarias, en 0,35 puntos por el presupuesto y en 0,1 por la Reserva del Fondo de Pensiones.

El ministro Rodrigo Cerda respondió ayer en radio Cooperativa que percibe el cuestionamiento como una "crítica política más que económica", pues aseguró que el proyecto es "responsable".

Cerda indicó que la marcha de la recuperación económica los hace estimar que va a haber recursos y recordó que la PGU tiene garantizados los dineros de los proyectos de ley corta y larga que no prosperaron, y que serán utilizados en la nueva pensión.

El ministro también descartó que esto le reste platas a la nueva administración, pues aseguró que éste recibirá 7 mil millones de dólares de holgura, en los cuales no están considerados los aportes para el beneficio.

"Este es un proyecto muy esperado y como Gobierno hemos intentado dar todas las garantías (...) El financiamiento está (...) Hay muchos chilenos esperanzados y tenemos que avanzar solamente", pidió el secretario de Estado, quien lamentó que se empleen palabras como "trampa" y llamó a los parlamentarios a conversar para discutir y mejorar los puntos que sean necesarios.

185 mil pesos será la pensión que tendrá de base cada trabajador. Su costo anual es de US$3 mil millones.

El 4 de enero la Convención Constitucional elegirá una nueva directiva, que se espera concluya su período hasta que redacte y proponga a votación una nueva Constitución al país. Ese día dejará la presidencia Elisa Loncon, quien ayer, al hacer una especie de balance de la gestión que encabezó, fue crítica del rol que cumplió La Moneda. "Hemos tenido situaciones complejas, difíciles. Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo, respecto de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del gobierno. Dos veces el gobierno cambió al encargado que tenía para coordinar las políticas de la administración con la Convención y eso se sintió, eso nos costó mucho. Pero bueno, pudimos sobrellevar esas dificultades", dijo a radio Universo.

La empresa Sodexo, que administra la Beca de Alimentación para la Educación Superior (Baes) de la Junaeb , recordó ayer que los estudiantes universitarios tienen plazo hasta el 5 de enero para gastar el saldo que posean en su cuenta. De no hacerlo, agregó la firma, el beneficiario perderá lo que tenían hasta ese momento. Quienes lo hayan usado hasta el 31 de diciembre participarán automáticamente en el sorteo de un laptop.

La extensión hasta el 31 de enero de la prohibición de cortes de luz y agua por no pago fue celebrada por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien dijo que buscarán que se apruebe un proyecto de subsidios y prórroga hasta por 48 meses para los endeudados. En el Congreso se tramita además una moción para prolongar en un año la extensión. El ministro de Economía, Lucas Palacios, pidió "transitar a la normalidad".