Diego Gotelli C.

Más de tres años han pasado y la desaparición de Narumi Kurosaki sigue sin resolverse en Europa. La mujer, una joven japonesa de 21 años, fue vista por última en Francia, donde estudiaba, y se presume que su último contacto fue con el chileno Nicolás Zepeda (28), quien ahora es el único acusado del caso y ayer se inició en la Corte Suprema nacional el proceso para su eventual extradición que apunte a que sea juzgado en tribunales franceses.

En la primera jornada de alegatos, la Fiscalía entregó los argumentos que las autoridades francesas les compartieron para presumir la participación en el caso del chileno, quien era exnovio de la joven japonesa. "(Él) viajó a Europa con la finalidad de dar muerte a la señorita Narumi Kurosaki", afirmó el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición del Ministerio Público, Antonio Segovia.

De acuerdo al expediente, el chileno habría arribado a Dijon a fines de noviembre del 2016 y el 1 de diciembre habría comprado cinco litros de combustible en un supermercado, para luego recorrer todo el día una zona forestal aislada donde se presume habría abandonado el cuerpo de la mujer. Tres días después, la indagatoria apunta a que se habría reunido en la noche con su exnovia y se le acusa de horas después darle muerte por estrangulamiento y dirigirse a la zona forestal.

Asimismo, la Fiscalía afirmó que luego hizo actividades para "encubrir" lo que había ocurrido, como enviar mensajes haciéndose pasar por Narumi y comprar un pasaje de tren a nombre de ella.

La defensa del acusado confirmó el encuentro de Zepeda con Narumi, pero negó su participación en el presunto homicidio y cuestionó que la investigación dé por hecho que se trate de un crimen y no explore otras alternativas.

En la jornada se dio a conocer una carta escrita por la madre de la joven japonesa, Taeko, quien pidió a las autoridades chilenas "no dejar ir" a Zepeda. "Fue Nicolás quien escondió a Narumi. El crimen que cometió es atroz y sin precedentes", aseguró.

cuatro sesiones de alegatos hará la Corte Suprema para determinar la posible extradición de Zepeda.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad a 43 de los 44 detenidos ayer y que fueron acusados por las autoridades de actuar como "primera línea" en las protestas. Desde el Gobierno criticaron la decisión y aseguraron que van a apelar.

El único imputado quedó en prisión preventiva al contar con antedecentes, y con una fianza de $250 mil para acceder a libertad bajo firma mensual. Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que "el esfuerzo por detener a estos violentistas debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión".

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, agregó que "no compartimos la decisión del juzgado, esperemos que ellos (la Corte) retrotraigan la decisión y aumenten la gravedad de las medidas cautelares (...) creemos que esa es la señal que está esperando la ciudadanía".

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, calificó el hecho como "un atentado al sentido común y la justicia. No puede ser que nuestros vecinos tengan menos derechos que los delincuentes".

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, salió a respaldar la decisión explicando que la privación de libertad es para delitos graves, y las acusaciones de robo en lugar no habitado, daños o desórdenes son delitos menores. "Eso de formar parte de una 'primera línea', en sí, no es constitutivo de delito", afirmó.

El Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra 15 personas, entre ellas la exministra Javiera Blanco, y los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González, Bruno Villalobos, y Eduardo Gordon. Esto debido al fraude dentro de la institución que supera los $28 mil millones. Al grupo se les adjudica responsabilidad por el delito reiterado de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento de uso público. Una de las diligencias ordenadas insta a la PDI a realizar un peritaje que determine el monto del perjuicio tras la sustracción de dineros que estaban destinados a "gastos reservados". El CDE aseguró que "su intención es demandar civilmente a los querellados".

Durante la mañana del jueves se realizó la primer jornada del juicio contra siete carabineros y un abogado de la institución por el delito de homicidio consumado y homicidio frustrado. Esto, tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Ayer declaró el menor de iniciales M.A.P.C., que declaró tras un biombo, que acompañaba a Catrillanca el día del hecho. El juicio sigue hoy a las 9 AM.