Diego Gotelli C.

Ciclovías con constante flujo de bicicletas, e incluso con congestión en algunos tramos, son imágenes que en los últimos meses se han vuelto cada vez más recurrentes ante el alza de usuarios de ciclos que se han visto en la capital. Así lo confirman las cifras, pues según un sondeo de vialidad, tras el estallido social los ciclistas aumentaron en un 10% en la capital.

La medición fue realizada por el Departamento de Estudios del Automóvil Club y constató que de cada diez ciclistas encuestadas en diciembre, uno de ellos declaró haber comenzado a usar la bicicleta después de que iniciaran las protestas. El perfil del nuevo usuario es preferentemente mujer y menor de 25 años.

El sondeo se basó en una muestra de 900 personas, entre ciclistas, peatones y automovilistas, que fueron entrevistadas en su residencia dentro del Gran Santiago. De ellos, el 51,5% dijo que tuvo que cambiar o combinar su medio de transporte habitual en este periodo, pasándose en su mayoría al uso del Transantiago (39%) y a la caminata (38,6%). También se usó taxis (19,6%), colectivo (12,6%), auto (11,3%) y la bicicleta (9,2%).

"El automovilista fue el más reacio a modificar sus patrones de conducta en la ciudad y al que más le incomodó movilizarse por la ciudad. Los peatones y ciclistas, en cambio, fueron mucho más flexibles a este nuevo escenario vial", comentó Alberto Escobar, gerente de movilidad del Automóvil Club.

La principal afectación vivida por los tres grupos de usuarios viales ha sido la falta de semáforos en varias esquinas (56,8%), seguido por las situaciones de peligro que, dicen, han debido enfrentar (41,5%). Respecto a la inseguridad, el 45,1% afirmó sentir "temor" al transitar por la ciudad, y el 39% vivió situaciones peligrosas que amenazaron su seguridad, en su mayoría por estar en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y carabineros (61%).

Entre los automovilistas, un 12,6% dijo haber sido "obligado a realizar alguna acción con la cual no estuviera de acuerdo", como tocar la bocina o participar de "el que baila, pasa". Este último acto fue catalogado por la mayoría de conductores como una forma alegre o pacífica de protestar (59%), mientras que otros lo consideraron como un atentado a la libertad de circulación (15%).

mayores traslados El 71,3% de automovilistas dijo que en los últimos meses sus tiempos de viajes se alargaron.

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La Sala del Senado aprobó ayer el proyecto de ley "antisaqueos", tras ser analizado por las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

La iniciativa modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y fija las penas que se aplicarán al delito de saqueo en diversas circunstancias.

La medida fue aprobada con 17 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones en una larga jornada donde gran parte de los senadores tomó la palabra.

Además hubo división en la oposición, quien en primera instancia se había demostrado en contra de la iniciativa. Seis votaron a favor: Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Jorge Pizarro (DC), Carolina Goic (DC); Ricardo Lagos Weber (PPD), Jaime Quintana (PPD).

La comisión de Constitución -a petición de la Sala- analizó y votó el proyecto. Previamente la comisión de Seguridad Pública revisó la iniciativa y le introdujo cambios para precisar las circunstancias y definiciones de los tipos penales que se sancionarán.

con 17 votos a favor cuatro en contra y siete abstenciones, el proyecto ahora volverá a la Cámara.

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La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, respaldó el proyecto de ley que prepara el Gobierno que buscará "regular" el derecho a reunirse, tal como se conoció el fin de semana.

La autoridad aseguró que el proyecto surge luego de demandas de organismos nacionales e internacionales de la materia. Esto, afirma, porque el INDH ha dicho que el derecho de reunión, hoy garantizado en la Constitución, no cumpliría con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

La subsecretaria contó que se hará un trabajo prelegislativo que buscará "reunir las opiniones de todos los sectores políticos, la sociedad civil, la academia y las instituciones autónomas de Derechos Humanos", las que serían incluidas en la iniciativa que sería redactada este semestre. "Los países están exigidos a ajustar sus normativas conforme a los estándares internacionales", afirmó.

En paralelo, ayer un grupo de parlamentarios de oposición presentó una iniciativa que aborda el mismo tema, pero con el fin de "garantizar" las reuniones. Según el presidente del Senado y uno de los firmantes del proyecto, Jaime Quintana, se trata de "darle un rango legal", asegurando que "un tema como el derecho a manifestarse no puede estar solo relegado a un decreto que además da cuenta de un Chile muy distinto".