Diego Gotelli C.

Lo que partió como una protesta focalizada liderada por los estudiantes del Instituto Nacional, en los últimos días se ha vuelto un problema mayor para el Metro de Santiago. Es que las evasiones masivas, que comenzaron la semana pasada, desde este lunes se masificaron en el tren subterráneo y hasta ayer habían obligado a cerrar nueve estaciones para contener los disturbios.

Las protestas partieron el lunes 14, días después que el panel de expertos del transporte público de la RM anunciara una nueva alza en el Metro y las micros, lo que elevó la tarifa en el tren subterráneo hasta los $830 en hora punta. Ese día, un grupo de alumnos del emblemático liceo de Santiago irrumpió en la estación Universidad de Chile saltando los torniquetes de acceso.

La manifestación se repitió a diario y esta semana se sumaron más personas, principalmente estudiantes, generando desórdenes en Los Leones, Santa Ana, Quinta Normal, Universidad de Chile, Cumming, Plaza de Armas, Pedro de Valdivia, Santa Isabel e Irarrázaval, las que cerraron sus puertas. En los dos días cerca de mil personas lograron concretar la evasión.

Según Metro, en esos puntos se registraron roturas de rejas, grafitis y daños en algunas puertas de andén de las líneas nuevas. Además, un guardia fue agredido con una patada en su espalda. "Vamos a presentar las acciones legales que sean pertinentes para quienes resulten responsables de estas actividades que son desmanes finalmente", dijo el gerente general de la firma, Rubén Alvarado.

Entre las justificaciones que más señalan los adherentes a la evasión destaca el caso del no pago de contribuciones del Presidente Sebastián Piñera por su casa en el Lago Caburgua. "¿Quién partió dando el mal ejemplo?", tuiteó la diputada Karol Cariola.

"Metro no ha sido víctima solo de evasión, ha sido víctima de violencia", replicó el presidente del tren subterráneo, Louis de Grange.

Desde el Gobierno, en tanto, condenaron la evasión y la ministra de Transportes, Gloria Hutt, comentó que los estudiantes "no tienen un argumento" en la protesta, pues la tarifa escolar no se modificó con la última alza de precios.

nueve estaciones han sido cerradas esta semana por los disturbios

*

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en lo relativo al retiro de fondos previsionales.

Con esto, el TC deberá ahora discutir si es aplicable o no el decreto ley 3.500, que regula el sistema de pensiones, sobre la propiedad de los fondos de los trabajadores. El recurso fue interpuesto ante el tribunal de alzada de Antofagasta por los abogados de la profesora María Angélica Ojeda, de Calama, luego que la AFP Cuprum no le permitiera retirar todos sus fondos ahorrados. El motivo que esgrimió la docente es pagar su crédito hipotecario, tras asegurar que pasó de percibir un sueldo de $1,2 millón a una pensión mensual de $185.000. En total, alcanzó a ahorrar $46,5 millones en su cuenta de ahorro previsional.

Postura del gobierno

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, dijo que la decisión "era bastante previsible". "La admisibilidad es más bien una evaluación de cumplimiento de requisitos para presentar un reclamo", agregó a T13 Radio.

El secretario de Estado argumentó que "eso no significa que el tribunal haya encontrado razón, ahora van al fondo. Esto de ser admisible es decir: '¿vale la pena estudiar el tema? ¿Se cumplen los requisitos de forma en el ingreso? ¿Todo? Sí, perfecto. Pero en absoluto implica aceptación de la argumentación que implica ese reclamo, en absoluto. Es solo admitir a trámite".

Con un renovado sistema electrónico que ayudará para la obtención de la muestra, desde este jueves 31, y hasta el 31 de enero del 2020, se desarrollará el levantamiento de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2019.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio ayer inicio al proceso explicando que la encuesta alcanzará a 77 mil viviendas de todo el país, y que la medición estará a cargo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Gracias al nuevo proceso electrónico el sistema de recopilación de la información será más rápida, y además disminuirá el consumo de papel, parte de las nuevas prioridades del Gobierno.

"Desde el 31 de octubre queremos llegar a más de 77 mil hogares para que abriéndonos sus puertas y compartiendo su información, podamos saber cuánta pobreza hay en Chile y qué contingencias enfrenta la clase media para poder ayudarlos", explicó el ministro de la cartera Sebastián Sichel.

Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, reiteró la necesidad de que las familias participen de este instrumento, ya que "para tener mejores políticas sociales alineadas con las principales carencias de la población debemos tener buenos diagnósticos".