Mauricio Mondaca

Con un llamado a que "empecemos a trabajar", la rectora interina del Instituto Nacional, Lili Orell, encabezó su primera jornada a cargo del establecimiento con un llamado a dejar atrás la violencia y a que, en lo posible, no le toque aplicar la ley Aula Segura. "Aula Segura es una ley que mandata aplicar cuando se atente gravemente contra la integridad física o sicológica de las personas. Espero que no pase, para no tener que aplicarla. Pero si ocurre y la ley manda, voy a tener que aplicarla", comentó.

La exseremi metropolitana de Educación recibió a los alumnos en el acceso principal del establecimiento, en calle San Diego. La autoridad estará en el cargo hasta marzo y será el nexo entre el rector saliente, Fernando Soto, y quien sea su sucesor, que será elegido por concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública.

En cuanto a los hechos de violencia que ha afrontado la comunidad escolar, Orell reconoció que "ha sido un año muy complejo". Y llamó a tener "tolerancia cero" con los violentistas. "A la violencia todo el mundo le debe decir tolerancia cero, porque no conduce a nada. No estamos con la violencia. Se puede conversar y dialogar. Y ese es el espacio. Yo tengo una postura de puertas abiertas, siempre he sido igual. Y espero poder conversar con todo el mundo y lograr entendimiento", aseguró.

Procesos educativos

Respecto de la llegada de la nueva rectora, el presidente del Centro de Alumnos del establecimiento educacional, Rodrigo Pérez, dijo que "esperamos que podamos resolver las cosas de una manera más sana a través de procesos educativos y a través de la comunicación siempre, y no que se establezca esta política de mano dura que siempre ha establecido y ha majadero el alcalde".

Orell se reuniría ayer con representantes del Centro de Alumnos del Instituto Nacional para conversar sobre las problemáticas de los estudiantes y los acontecimientos de los últimos meses.

interinato Orell estará en el cargo de rectora interina hasta marzo del próximo año.

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El exdiputado UDI y excandidato presidencia José Antonio Kast rechazó ayer tener participación en tres sociedades comerciales con base en Panamá a través de las cuales controlaría diversos negocios, según difundió un reportaje de La Tercera.

En el matinal "Bienvenidos", de Canal 13, manifestó que "uno no puede declarar lo que no existe". Agregó que su familia sí tiene sociedades en ese país y hasta el año 2000 tenían acciones al portador. "Yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá", dijo.

El reportaje del domingo reveló su vínculo con tres firmas constituidas en ese paraíso fiscal.

Ante los cuestionamientos, el líder del Partido Republicano pidió que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sea investigado igual que él. "Sería bueno que al candidato que viene todos los miércoles también le hagan una revisión como esta, yo no tengo nada que ocultar", finalizó.

El presidente de RN, Mario Desbordes, defendió a Kast y rechazó que pueda tener un destino similar a de Laurence Golborne, quien retiró su candidatura en 2013 por tener dineros en Islas Vírgenes.

La empresa Inversiones para el Desarrollo demandó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y a su hermano Francisco, por una deuda de $53.540.408, por su rol de deudor solidario en un préstamo por más de $63 millones que solicitó su hermano. Debido al retardo en el pago de una de las cuotas, la empresa tendría la facultad de exigir todo el pago adeudado en el instrumento. Lo anterior sucede dos semanas después que el hermano de expresidente y exmilitante de la DC se autodenunciara por diversas acciones que afectan el patrimonio del Eduardo Frei. Francisco enfrenta demandas por más de $500 millones. Así, el fiscal Francisco Jacir abrió una investigación en su contra su militancia en la DC fue suspendida, y sus computadores y documentación fueron incautados.

El exfrentista Mauricio Hernández Norambuena deberá cumplir dos penas de 15 años de presidio por dos condenas en Chile, entre ellas el asesinato del exsenador Jaime Guzmán. El magistrado le otorgó un "abono" de más de 3 años por la pena efectiva que alcanzó a cumplir antes de fugarse de la Cárcel de Alta Seguridad. El juez Mario Carroza desestimó rebajar los 17 años de cárcel que cumplió en Brasil.

La Intendencia del Maule decretó emergencia agrícola en 9 comunas rurales de esa región, como forma de enfrentar los efectos de la sequía. Se trata de Constitución, Vichuquén, Rauco, Licantén, Hualañé, Sagrada Familia, Pencahue, Empedrado y Curepto, informa radio Cooperativa. El intendente adelantó que hoy se darán a conocer varias obras para paliar este déficit, entre ellas cinco embalses nuevos.