Diego Gotelli C.

Álvaro Pérez es un asiduo usuario de Twitter. Suele comentar las noticias en esta red social, sobretodo si le molestan, como ocurrió a fines del 2018 cuando se viralizaron testimonios de vendedores ambulantes que acusaban haber sido golpeados por fiscalizadores de Providencia. Esa vez tuiteó criticando duramente a la alcaldesa Evelyn Matthei, y al poco tiempo fue bloqueado por la cuenta del municipio.

"Quedé sorprendido. Me pareció raro porque debería haber libertad de expresión. Ni siquiera la etiqueté a ella ni al municipio", cuenta el audiovisualista de 31 años quien ayer, tras casi un año vetado, volvió a tener acceso a la cuenta. Al igual que él, otro usuario identificado como "Juanjo Olivares" también fue desbloqueado tras estar unos tres años en la lista negra.

Sus reintegros se dieron el mismo día que la Contraloría dio a conocer un listado de 36 instituciones a las que le ordenó desbloquear usuarios en sus redes sociales, amparándose en un dictamen emitido el 10 de julio en el que se establece que los organismos públicos no pueden vetar a personas de sus cuentas oficiales.

La resolución, que partió por una denuncia similar contra la PDI, hace hincapié en que al ser la red social institucional una plataforma válida para comunicarse con la población, cumpliendo así el derecho de las personas a ser informados, "no corresponde que se bloquee unilateralmente a los usuarios que han emitido ciertas opiniones".

Según el fiscalizador, a la fecha ya han recibido 47 denuncias por redes sociales de usuarios vetados en Twitter y Facebook, mientras en Instagram no hay bloqueos. Entre los organismos acusados están Carabineros, el Departamento de Extranjería, el Ejército, la Dirección Meteorológica, los ministerios de Salud y Transportes, el Registro Civil y diez municipios de la RM: Colina, Buin, Estación Central, Lo Espejo, PAC, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón y Providencia.

Sobre la última, el municipio afirmó que los dos casos denunciados fueron desbloqueados, y explicaron que esa medida la tomaban cuando el mensaje incluía insultos o si el usuario publicaba un material a su juicio "inapropiado".

"Nuestros vecinos en general entienden que esta herramienta se debe usar de buena manera, pero hay aún demasiados vacíos en materia de regulación de redes sociales y su uso. Ojalá exista una clara regulación para dar una mejor respuesta a las demandas que por esa vía se realizan", dijo su director de Comunicaciones del municipio, Cristian Torres, quien enfatizó que por esa vías recepcionan problemas del alumbrado o el arbolado, pero la falta de identificación de los usuarios a menudo complica el proceso.

Según el experto en medios digitales de la UC Daniel Halpern, el anonimato también es lo que potencia las agresiones, sobretodo en Twitter, lo que termina con los bloqueos a usuarios. Por ello afirma que los vetos podrían llegar a ser necesarios para que la información no se pierda entre insultos, pero que se debería aplicar parcialmente, es decir, "sólo para escribir en la cuenta, pero no para recibir información", comentó.

los municipios de San Bernardo y Casablanca son los organismos con más denuncias por bloqueos.

el dictamen de Contraloría prohíbe banear, pero insta a denunciar en la red si un posteo falta a las normas.

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ONUSIDA persigue para el 2020 lograr una meta ambiciosa, la denominada "90-90-90", que significa que el 90% de las personas que tienen VIH conozcan su estado, que el 90% de las personas diagnosticadas reciban terapia antirretrovírica continuada y que el 90% de quienes reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral.

En el caso de Chile, los datos apuntan a que el país está cerca de cumplir la primera meta, puesto que el 88% de las personas con VIH en el país saben su condición.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, junto con el Director de ONUSIDA del Cono Sur, Carlos Passarelli, encabezaron ayer un operativo para realizar test rápidos de VIH a quienes transitaban por la estación de metro Ñuñoa. Oyarce aseguró que es fundamental detectar a todos, puesto que en la actualidad se calcula que hay 12.500 personas que no saben su condición de infectados.

Las cifras

Desde septiembre del año pasado se han realizado 8 mil test rápidos y se espera que para el 2020 sean 150 mil a nivel nacional. Estos están disponibles en todos los centros de atención primaria de salud del país. Lo único que se necesita es llevar el carnet de identidad.

Fernanda M., estudiante que se hizo el test rápido este año, cuenta lo rápido del proceso. "Hay que hablar con un doctor que te dé la orden, luego para el examen te pinchan un dedo con un tipo alfiler, esa sangre la ponen en un aparato y luego de 15 minutos te muestran tu resultado", contó.