D. G. C.

Una docena de Carabineros fueron detenidos acusados de cometer una serie de delitos vinculados al abuso policial en el barrio Meiggs. Según el Ministerio Público, el grupo pertenece a la 21ª Comisaría de Estación Central y habría realizado durante al menos dos años detenciones arbitrarias y diversos maltratos contra los apresados, siendo sus principales víctimas los comerciantes ambulantes del sector.

Los policías fueron formalizados ayer por apremios ilegítimos, torturas, detención ilegal y falsificación de instrumento público, quedando cinco de ellos en prisión preventiva y el resto con arraigo, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas por los 90 días de investigación.

La acusación agrupa 10 hechos ocurridos entre octubre del 2016 y diciembre de 2018, los que van desde golpear a un detenido hasta falsear una agresión contra un carabinero y enviar un parte policial ficticio a la Fiscalía, lo que habría culminado en la formalización a una persona por algo que según el Ministerio Público no cometió.

En el listado de delitos se destaca, por ejemplo, un hecho ocurrido cerca del terminal de buses en el que uno de los detenidos habría atacado con un perro policial a un trabajador informal. También se les acusa de golpear a vendedores ambulantes en garitas, torturar a detenidos en la comisaría, además de lanzarles agua y hacer que se desvistan en algunas ocasiones.

Junto a ello, la Fiscalía Centro Norte los acusó del robo de un celular a un taxista. Según la imputación, el conductor habría grabado un abuso policial y luego habría sido detenido acusado de portar un arma blanca. Luego en la comisaría habría sido golpeado para que les indique la clave de seguridad del teléfono para borrar el registro.

"Es totalmente condenable que en los procedimientos no se dé cumplimiento íntegramente a la ley", señaló el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Luego de que se diera a conocer el hallazgo del dispositivo nuclear que fue sustraído en un robo con intimidación, conocido como portonazo, el viernes pasado, ayer las autoridades detallaron el proceso que ayudó a encontrar el artefacto. El coronel Juan Francisco González, jefe del Departamento OS-9 de Carabineros, contó que "hubo una interceptación telefónica debido a que se recibió una llamada , señalando que tenía el equipo en su poder y que se iban a entregar determinadas características".

Con ello, Carabineros organizó la búsqueda junto a la Comisión Nacional de Energía Nuclear y la ayuda de elementos técnicos para detectar radiación. Así se logró ubicar el lunes el dispositivo en la comuna de Quilicura en un sitio abandonado. La fiscal de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, Macarena Cañas, explicó que el dispositivo no mostraba signos de haber sido manipulado durante el robo.

Junto a ello, se realizó el allanamiento de una casa en la misma comuna, donde se encontraron otros objetos vinculados al robo del viernes, además de armas de fuego, llaves de autos de alta gama, notebooks y armas.

Tras el hallazgo de los objetos se detuvo a dos mujeres que vivían en el lugar por el delito de receptación. La fiscal dijo que podrían ser parte de una banda dedicada al robo con intimidación. González confirmó que no hay detenidos por el delito de robo.

Un estremecedor caso de femicidio quedó al descubierto ayer en Calama luego que fuera encontrada fallecida Gabriela Contreras Uribe, de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado por Carabineros tras ser alertados por un llamado al 133.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue atacada con heridas punzantes presuntamente por su expareja, quien huyó del domicilio ubicado en el centro de la ciudad, junto con el hijo que tenían en común de tres años.

"El autor está identificado", señaló el mayor Robinson Villarroel, horas antes que la policía confirmara la detención del acusado, quien fue interceptado en un bus rumbo a Antofagasta.

Gabriela ocupaba el cargo de jefe de circulación de El Mercurio de Calama y había ingresado a la empresa los primeros días de mayo. Compañeros de labores de la víctima se mostraron consternados por su inesperado deceso al enterarse de lo ocurrido, destacando que era una joven proactiva, de gran entusiasmo, con mucha iniciativa y motivada por los temas de emprendimiento.

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, condenó "con rabia y dolor" el crimen, y dijo que la intendencia se querellará "para que el femicida reciba la pena máxima, (cadena) perpetua calificada)".

Luego de semanas prófuga de la justicia, la exconcejala de Limache y exjefa de gabinete de la Gobernación de Valparaíso , Cynthia Marín, se entregó a las autoridades policiales y comenzó a cumplir la pena de cinco años y un día de prisión por fraude al Fisco. La cuñada de la diputada Camila Flores llegó hasta un recinto policial en Quillota para hacer efectiva su reclusión. La Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso (Urac) indagó las irregularidades en el manejo de dineros de la "Agrupación para el desarrollo de la familia", organización que se adjudicó proyectos de seguridad ciudadana para Limache. Marín agotó todos los recursos judiciales para rebajar su condena, por lo que deberá cumplirla de manera íntegra. Podrá optar a beneficios recién a la mitad de la condena. En una declaración, la exconcejala calificó su condena de "injusta". "La Fiscalía me ofreció una salida alternativa si me declaraba culpable, cuestión que no acepté", dijo a sus cercanos.