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  • La Moneda salió en defensa del programa Clase Media Protegida

    Varios ministros del gabinete pidieron a la oposición aprobar los proyectos que están en el Congreso y que forman parte de la iniciativa.

    Mauricio Mondaca

    El comité político de La Moneda se desplegó ayer para defender el programa "Clase Media Protegida" y desestimar así las críticas que desde la oposición tildaron la propuesta como una especie de "pirotecnia comunicacional".

    El ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, aseguró que "lo que le pedimos a la oposición es que al menos en algún momento, aunque sea por cinco minutos, piense en la necesidad de los problemas que tienen los chilenos y colabore con el Gobierno en solucionarlos y sacar adelante (los proyectos)". El secretario de Estado llamó así a los parlamentarios de oposición a aprobar iniciativas como la ley que termina con el CAE, cambios en protección de salud y seguro contra enfermedades catastróficas, entre otros.

    "Aquí hay una parte importante que tiene que ver con dar a conocer y tener acceso en forma fácil a los beneficios que existen", dijo el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en entrevista con radio Cooperativa. "Me parece que es como se deben hacer las cosas", agregó Moreno.

    La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, llamó a que "dejemos la pelea chica, dejemos la mezquindad de lado, démosle sentido de urgencia como muchas veces se le han dado a leyes exprés para resolver problemas de los políticos".

    El exministro de Desarrollo Social durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza, sostuvo en este sentido que la iniciativa lanzada el miércoles por la administración Piñera "es más bien un anuncio con harta pirotecnia comunicacional, pero con poca sustancia y hechos tangibles".

    el plan apunta a trabajo, salud, pensiones, seguridad, educación, vivienda y tercera edad.

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  • EE.UU. plantea nuevos cargos a Assange

    Lo acusa de exponer al país "a un riesgo muy grave" tras publicar documentos.

    Estados Unidos presentó ayer nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en los que lo acusa de exponer al país a un riesgo muy grave luego de publicar miles de documentos reservados, incluidos los nombres de fuentes confidenciales de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

    En una imputación de reemplazo por 18 delitos, los fiscales del Departamento de Justicia alegaron que Assange instruyó a la exanalista del Ejército, Chelsea Manning, para llevar a cabo una de las mayores sustracciones de información confidencial en la historia de Estados Unidos. Funcionarios del Departamento dijeron ayer a AP que creen que Assange se alejó de las protecciones que otorga la Primera Enmienda. "Julian Assange no es un periodista", dijo el subsecretario John Demers, el principal funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia.

    Barry Pollack, abogado de Assange, dijo que los "cargos sin precedentes" en contra de su cliente amenazan a los periodistas que buscan informar al público masivo sobre las acciones del Gobierno de Estados Unidos.

    postura Abogado de Assange dijo que el caso representa una amenaza a los periodistas.

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  • Senado investigará error en Ley de Pago a 30 días

    Jaime Quintana (PPD) descartó que los parlamentarios sean responsables.

    El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), encargó una investigación administrativa para determinar qué produjo el error que dejó a las pymes sin la posibilidad de demandar a las grandes compañías cuando se sientan vulneradas en su relación comercial, tras la promulgación de la Ley de Pago a 30 días.

    El parlamentario manifestó que la falla provendría de la redacción de los oficios en la Secretaría de la Cámara Alta, en ese momento dirigida por el retirado Mario Labbé y desde este mes reemplazado por Raúl Guzmán.

    La ley acaba de entrar en vigencia y obliga a los proveedores de bienes o servicios a pagar las facturas en 30 días a partir de los próximos dos años, mientras que actualmente el plazo quedó fijado en 60 días. La legislación incluía un párrafo que otorgaba la posibilidad a las pymes de demandar a grandes firmas al sentirse vulneradas, pero esta parte no está incluida en el texto promulgado en enero pasado.

    "Es solamente un error en la transcripción de la Secretaría y de la Biblioteca del Congreso. No es ningún escándalo, no es ninguna manipulación. Esto lo vamos a corregir", dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente.

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