Leo Riquelme

A través de un documento de ocho páginas solicitado por la presidencia de la Cámara de Diputados, el pleno de la Corte Suprema dio a conocer ayer su respaldo al proyecto de ley que pretende prohibir las bombillas plásticas en el comercio nacional.

Los ministros consideraron que las pajitas de este material "no son una opción inteligente desde los puntos de vista ambiental y económico, por lo cual debe evolucionarse hacia alternativas sostenibles y la erradicación del plástico".

El pleno recordó que como no son biodegradables ni reciclables, es "prioritario promover una legislación" que promueva el uso de materiales sustentables y que eviten la contaminación.

No obstante, los ministros plantearon a los parlamentarios una serie de aspectos de la propuesta que deberían revisar.

Uno es que se precise quién sería el objeto de una eventual multa por entregar una bombilla, ya que puede confundirse que el castigo recaerá en el empleado que la entregue, cuando en realidad éste actúa bajo el mandato del empleador. Por ello, el informe dice que al trabajador se le podría eximir de la sanción si es que la ley solicita que se indique quién es el dueño de la tienda o su representante legal.

Para los jueces esto también es relevante para fijar el monto de la multa, que en la propuesta legislativa llega hasta las 10 UTM ($483.050). Según la iniciativa, la fiscalización recae en los municipios, que recibirán el dinero que fije el respectivo juzgado de policía local.

También plantearon que cuando se indica que la sanción se cursará cuando la bombilla se entregue, no se podría castigar cuando sólo se detecta en el local.

Además, el Poder Judicial pidió que se opte por usar el concepto de "biodegradable" en la norma y aconsejó que defina si la prohibición alcanza también a quien produce las pajitas plásticas, las fabrica, importa o mantiene.

$438.050 es la multa que propone la iniciativa. Sería a beneficio municipal.