Diego Gotelli C.

Tras una tramitación exprés y alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y varios partidos políticos, ayer el Congreso despachó la ley conocida como "Aula Segura", que empodera a los directores de colegios para agilizar sanciones e investigaciones ante hechos violentos.

Así, quedó lista para ser promulgada la norma que considera como causal de expulsión actos que afectan gravemente la convivencia escolar, como el porte de armas o las agresiones a la comunidad o terceros, como la policía. Además incluye la suspensión inmediata del atacante como medida cautelar, acelerando un proceso que hoy tarda hasta 25 días hábiles.

"Esta ley permite terminar con la impunidad al interior de los colegios. Quien debe dejar el colegio es el estudiante que incurre en violencia y no los otros. Había que darle a los directores las herramientas para protegerlos", valoró la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa con amplia mayoría en cada votación.

Sin embargo, antes incluso que entre en vigencia la norma, ya tiene sus retractores: los estudiantes secundarios. Previendo el resultado en la cámara baja, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) advirtió que no la respetarán y llamaron a los alumnos a desobedecerla.

"La campaña de terror que instaló el gobierno para validar la legitimidad de Aula Segura refleja que no es una política educativa, es una política represiva", criticó la vocera del grupo, Amanda-Luna Cea.

El repudio tuvo sus primeros tintes ayer por la mañana cuando dos liceos de Santiago volvieron a ser escenario de disturbios. Se trata del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Darío Salas, donde se registraron enfrentamiento entre encapuchados y carabineros, además del lanzamiento de bombas molotov.

El caso más grave se dio en el establecimiento de avenida España, donde los desmanes dejaron graves daños al interior del Darío Salas y provocaron el ingreso de Fuerzas Especiales, que se llevaron cuatro alumnos detenidos.

Los puntos clave

De haber estado vigente la ley, los arrestados no podrían volver al colegio hasta que concluya el proceso sancionatorio, ya que el lanzamiento de bombas molotov es una de las acciones violentas que sanciona la despachada norma.

La ley contempla también como hechos violentos el uso y porte de armas; el daño a la integridad de la comunidad escolar; los destrozos en la infraestructura de los colegios y las agresiones sexuales. La última no había sido considerada en la propuesta del Ejecutivo y fue incluida en el Senado.

Asimismo, en la tramitación se extendió a 10 días el proceso de expulsión con cinco días de descargos, dando más tiempo al "debido proceso" respecto de la idea original; se definió que es facultad y no deber del director suspender al acusado durante la indagatoria; se extendió la norma a los colegios particulares pagados inicialmente excluidos; y se fijó un plazo de 90 días para que los establecimientos actualicen sus reglamentos.

"El proyecto inicial tenía problemas pero se mejoró y resolvió problemas de inconstitucionalidad y de debido proceso que tenía", valoró el diputado Mario Venegas (DC), clave en su paso por la Cámara. "Para eso es el Congreso", replicó la ministra Cubillos.

"Agradezco a la mayoría del Senado y Cámara de Diputados por aprobar el proyecto

sebastián piñera, presidente de chile"

Diego Gotelli C.

Tras una tramitación exprés y alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y varios partidos políticos, ayer el Congreso despachó la ley conocida como "Aula Segura", que empodera a los directores de colegios para agilizar sanciones e investigaciones ante hechos violentos.

Así, quedó lista para ser promulgada la norma que considera como causal de expulsión actos que afectan gravemente la convivencia escolar, como el porte de armas o las agresiones a la comunidad o terceros, como la policía. Además incluye la suspensión inmediata del atacante como medida cautelar, acelerando un proceso que hoy tarda hasta 25 días hábiles.

"Esta ley permite terminar con la impunidad al interior de los colegios. Quien debe dejar el colegio es el estudiante que incurre en violencia y no los otros. Había que darle a los directores las herramientas para protegerlos", valoró la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa con amplia mayoría en cada votación.

Sin embargo, antes incluso que entre en vigencia la norma, ya tiene sus retractores: los estudiantes secundarios. Previendo el resultado en la cámara baja, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) advirtió que no la respetarán y llamaron a los alumnos a desobedecerla.

"La campaña de terror que instaló el gobierno para validar la legitimidad de Aula Segura refleja que no es una política educativa, es una política represiva", criticó la vocera del grupo, Amanda-Luna Cea.

El repudio tuvo sus primeros tintes ayer por la mañana cuando dos liceos de Santiago volvieron a ser escenario de disturbios. Se trata del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Darío Salas, donde se registraron enfrentamiento entre encapuchados y carabineros, además del lanzamiento de bombas molotov.

El caso más grave se dio en el establecimiento de avenida España, donde los desmanes dejaron graves daños al interior del Darío Salas y provocaron el ingreso de Fuerzas Especiales, que se llevaron cuatro alumnos detenidos.

Los puntos clave

De haber estado vigente la ley, los arrestados no podrían volver al colegio hasta que concluya el proceso sancionatorio, ya que el lanzamiento de bombas molotov es una de las acciones violentas que sanciona la despachada norma.

La ley contempla también como hechos violentos el uso y porte de armas; el daño a la integridad de la comunidad escolar; los destrozos en la infraestructura de los colegios y las agresiones sexuales. La última no había sido considerada en la propuesta del Ejecutivo y fue incluida en el Senado.

Asimismo, en la tramitación se extendió a 10 días el proceso de expulsión con cinco días de descargos, dando más tiempo al "debido proceso" respecto de la idea original; se definió que es facultad y no deber del director suspender al acusado durante la indagatoria; se extendió la norma a los colegios particulares pagados inicialmente excluidos; y se fijó un plazo de 90 días para que los establecimientos actualicen sus reglamentos.

"El proyecto inicial tenía problemas pero se mejoró y resolvió problemas de inconstitucionalidad y de debido proceso que tenía", valoró el diputado Mario Venegas (DC), clave en su paso por la Cámara. "Para eso es el Congreso", replicó la ministra Cubillos.

"Agradezco a la mayoría del Senado y Cámara de Diputados por aprobar el proyecto

sebastián piñera, presidente de chile"

L. R. C.

Con una fractura en un brazo y lesiones menores quedó una mujer de 35 años, embarazada de tres meses y medio, quien desbarrancó ayer junto a su hija de cinco años en el auto en que viajaban por la ruta Las Palmas, que une Viña del Mar con Valparaíso por la parte alta de ambas ciudades costeras.

Los testigos y equipos de emergencia no podían creer las escasas consecuencias que tuvo el accidente, pues el vehículo rodó por cerca de 70 metros tras salirse de la pista y caer al final de un barranco.

Para dimensionar el hecho, Bomberos y los funcionarios del SAMU contaron que tardaron cerca de una hora y media en rescatar a las mujeres, quienes salieron conscientes del automóvil. Para subirlas incluso fue necesario utilizar cuerdas.

Según indicó la policía, la mujer iba a la cárcel de Valparaíso a buscar a su marido, que es gendarme.

Testigos del hecho contaron que el auto iba a alta velocidad cuando de pronto dejaron de verlo sobre la carretera. Una polvareda alertó que podía haberse salido de la pista. Una de las personas que vio el accidente contó que varias personas se bajaron de sus móviles y comenzaron a mirar para abajo en busca del siniestrado, pero la tupida vegetación les impedía localizarlo.

Las lesionadas fueron llevadas de urgencia al hospital Gustavo Fricke.

hace tres días un camión con cal cayó por una quebrada de 35 metros también en la ruta Las Palmas, a metros del hecho de ayer.

L. R. C.

Con una fractura en un brazo y lesiones menores quedó una mujer de 35 años, embarazada de tres meses y medio, quien desbarrancó ayer junto a su hija de cinco años en el auto en que viajaban por la ruta Las Palmas, que une Viña del Mar con Valparaíso por la parte alta de ambas ciudades costeras.

Los testigos y equipos de emergencia no podían creer las escasas consecuencias que tuvo el accidente, pues el vehículo rodó por cerca de 70 metros tras salirse de la pista y caer al final de un barranco.

Para dimensionar el hecho, Bomberos y los funcionarios del SAMU contaron que tardaron cerca de una hora y media en rescatar a las mujeres, quienes salieron conscientes del automóvil. Para subirlas incluso fue necesario utilizar cuerdas.

Según indicó la policía, la mujer iba a la cárcel de Valparaíso a buscar a su marido, que es gendarme.

Testigos del hecho contaron que el auto iba a alta velocidad cuando de pronto dejaron de verlo sobre la carretera. Una polvareda alertó que podía haberse salido de la pista. Una de las personas que vio el accidente contó que varias personas se bajaron de sus móviles y comenzaron a mirar para abajo en busca del siniestrado, pero la tupida vegetación les impedía localizarlo.

Las lesionadas fueron llevadas de urgencia al hospital Gustavo Fricke.

hace tres días un camión con cal cayó por una quebrada de 35 metros también en la ruta Las Palmas, a metros del hecho de ayer.