Matías Gatica Lindsay

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) denunció ayer un supuesto cobro indebido por parte de la concesionaria Costanera Norte. Esto, según los denunciantes, ocurriría hace tiempo y le habría permitido a la empresa ganar casi $670 millones al año, por un tag que tendría menos kilometraje del que se está recaudando.

Según los acusadores, el problema está en el pórtico 9 de tag ubicado entre el tramo al sector poniente de la Costanera Norte, llegando a Américo Vespucio Poniente con la Ruta 68. Según la denuncia, se estarían cobrando $77 extras a cada usuario por 1,1 km de un tramo eventualmente no informado por la empresa.

"Los consumidores estamos hoy día pagando de más por algo que no se usa y en eso la Ley del Consumidor es clarita, la Ley de Pesos y Medidas es clarita", dijo el presidente de Odecu, Stefan Larenas.

El dirigente agregó que "nosotros no estamos por la gratuidad del servicio, pero sí por un precio justo, que corresponda al servicio entregado (...) Los consumidores están pagando algo que no están usando y en eso la ley es clarita. Si yo pago un kilo de arroz deben darme un kilo de arroz, no 800 gramos".

En la denuncia participó el abogado Cristian Heerwagen, quien aseguró que buscarán que se pague por el supuesto perjuicio a los automovilistas.

Desde Costanera Norte no quisieron referirse a la acusación. En el sector ponen en duda el asidero de la denuncia, pues aseguran que los cobros son fijados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y reposan en las bases de la licitación de la autopista, que data de 1997. La cartera también declinó hablar del caso.

$670 millones calcula Odecu que habría ganado Costanera Norte con el supuesto cobro indebido.

Miguel Lizarazu

Un ex jefe de Clientes de una sucursal del Banco de Chile en el paseo Ahumada de Santiago, Patricio Orellana Alarcón, fue formalizado en la jornada de ayer por la presunta falsificación de documentos bancarios y por enriquecerse ilícitamente mediante ellos. El supuesto engaño le permitió embolsarse unos $80 millones.

Según la investigación, el imputado habría cometido el delito entre mayo de 2014 y julio del 2015 mientras trabajaba en la citada sucursal bancaria.

"Se pudo acreditar la falsedad de los documentos y además se logró que la persona reconociera los hechos por los cuales se le imputa. Él, haciendo uso de su cargo y sus facultades, procedía a solicitar la liquidación de estos vale vistas y los cambiaba en persona en las cajas del banco por efectivo", explicó la comisario de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, María Dueñas.

El ex ejecutivo habría falsificado 61 vales vista en nombre de un tercero, que era un cliente de la casa financiera y que no tenía la menor idea del delito. Posteriormente, se dedicó a canjearlos en las cajas del banco. Por esa vía habría logrado embolsarse $79.893.111.

En los peritajes la Bridec, se acreditó que las firmas presentadas en los documentos bancarios que cobró Orellana eran falsas. El ex funcionario bancario fue formalizado durante la jornada por el delito de estafa.

La jueza Marcia Figueroa desestimó ayer la petición del Ministerio Público de prisión preventiva para el ex jefe de Finanzas de Carabineros, Iván Whipple, a quien le dictó la medida cautelar de arresto domiciliario por su eventual participación en el fraude de la institución, que supera los $28 mil millones.

En varios días de audiencias, el fiscal Eugenio Campos presentó pruebas del presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, pero el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó los cargos por lavado de activos y asociación ilícita. La formalización fue por malversación de caudales públicos. Por ello la jueza dictaminó para Whipple el arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de comunicarse con los más de 100 imputados que lleva el caso.

"No tengo absolutamente nada que ver y lo que tengo está respaldado, así que no hay absolutamente nada más que decir", dijo el imputado, a quien según la fiscalía le apodaban el "Pirata malo" por sus supuestas ardides.

Tras el último ataque incendiario en La Araucanía, que terminó con 16 camiones quemados, el Gobierno aumentó los dispositivos de seguridad en dicha región. "El Presidente de la República en el día de hoy ha indicado la instrucción a Carabineros para apurar nuestro plan de acción en La Araucanía", afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick. El jefe de gabinete informó que enviarán 38 vehículos nuevos para la policía en La Araucanía, unos 100 funcionarios adicionales y se implementarán drones de vigilancia en la región del Biobío, La Araucanía y Los Lagos. El ministro agregó que "antes del 31 de octubre, la dotación de vehículos va a aumentar en 20, por lo que habrá 58 vehículos nuevos aptos para patrullaje en zonas rurales y así combatir el crimen organizado, los actos terroristas y la delincuencia rural". Sobre la mesa por La Paz en La Araucanía, Chadwick aclaró que se dio inicio al proyecto.

El pasado 26 de marzo la PDI negó el ingreso a una turista venezolana argumentando que formuló declaraciones falsas cuando se le realizó el control migratorio. Ayer, sin embargo, de acuerdo a lo informado por La Segunda, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado a favor de Maury Uzcátegui Sánchez y permitió su ingreso al país al acreditar que había llegado con dinero para solventar su estadía, presentó el pasaje de regreso y que además tenía una carta de invitación de un ciudadano chileno que la alojaría en el país. Antes, la Corte Suprema había fallado en una situación similar en favor de un ciudadano haitiano al que se le había negado el ingreso.