Mauricio Mondaca

La Corte de Apelaciones de Temuco anuló ayer el sobreseimiento definitivo de ocho comuneros mapuches imputados por atentados incendiarios en el sur del país en la denominada Operación Huracán. Con esto, el tribunal de alzada acogió el recurso de apelación presentado ante la justicia por el Gobierno, el 14 de febrero, con el fin de "revocar y enmendar" la instrucción sumarial definitiva dictada por el Juzgado de Garantía el 9 de febrero pasado.

Aunque la causa está cerrada, con este fallo el Ejecutivo, a través de la Intendencia de La Araucanía, podrá presentar, eventualmente, nuevas pruebas contra los comuneros acusados de asociación ilícita terrorista e incendio.

De ser así, la causa podría ser reabierta por el peso de los nuevos antecedentes, lo que podría significar la formalización de los comuneros.

Sin perseverar

El tribunal de alzada mantuvo la decisión de no perseverar del Ministerio Público, que adoptó la decisión ante la presunta manipulación de pruebas de parte de efectivos de Carabineros con el cuestionado software "Antorcha".

Las resoluciones dejaron conforme al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes. "La Corte de Apelaciones ha acogido todos los planteamientos que efectuó la Fiscalía", comentó el persecutor, quien agregó que el panel "rechazó las apelaciones de algunas defensas que pretendían que se nos condenara en costas". Por su parte, el defensor de los comuneros, Juan Pablo Alday, lamentó que la decisión impidiera poner término definitivo a la causa. "El Ministerio Público puede reabrir la investigación con antecedentes distintos", añadió Alday.

Después de varias horas de alegato por parte de la defensa de los comuneros mapuches, la Fiscalía y el Gobierno, el fallo fue leído ayer por el juez Julio César Grandón.

"Se revoca la decisión adoptada por el juez Federico Gutiérrez", sentenció Grandón en una segunda parte de la audiencia tras dos horas de receso.

La llamada Operación Huracán, lanzada en septiembre del año pasado por Carabineros, permitió la detención de al menos ocho comuneros, los que fueron enviados a cumplir prisión preventiva.

Sin embargo, la Fiscalía denunció que fueron retenidos con pruebas "plantadas" en sus celulares, lo que concluyó con su libertad. El Gobierno pidió revocar el sobreseimiento con duras críticas a la Fiscalía, al señalar que este no tomó el tiempo necesario para analizar todos los elementos de la causa.

antecedentes La fiscalía acusa que las detenciones se hicieron con pruebas "plantadas".