Leo Riquelme

Unos gastos de representación realizados entre 2010 y el 2011, cuestionados por la Contraloría, fueron claves en la decisión del fiscal Eugenio Campos para solicitar la formalización por presunta malversación de fondos públicos en contra del ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, y del ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la institución, general (r) Jorge Serrano Espinoza.

Se trata de los funcionarios de mayor rango formalmente investigados por el fraude en Carabineros, que asciende a casi $27 mil millones. Gordon fue jefe de la entidad entre 2008 y 2011; mientras que Serrano integró el alto mando hasta diciembre.

La fiscalización administrativa detectó que este último gastó ese dinero en regalos en dicho lapso. Como la Contraloría rechazó la partida, Gordon debió restituir los recursos cuestionados.

La audiencia de formalización se fijó para el 1 de marzo y ayer las defensas de ambos oficiales negaron toda responsabilidad en los supuestos ilícitos, por los cuales incluso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella.

El abogado de Gordon, Leonardo Battaglia, aseguró que su defendido "no ha cometido ningún delito" y agregó que la determinación del fiscal "nos obliga a llegar a un juicio oral". Con ello, descartó alguna salida alternativa que le ofrezca la fiscalía a cambio de que asuma alguna culpa.

"Tenemos la convicción de que acá no se cometió ningún delito, menos el delito que está tratando de imputar el Ministerio Público (...) Mi representado ya había asumido el costo de este error que había indicado la Contraloría General de la República y trató de repararlo de la forma que la propia Contraloría le dijo", respondió el abogado de Serrano, Mario Vargas, según consignó radio Cooperativa.

Uno de los miembros que tuvo la comisión parlamentaria que investigó el fraude en Carabineros, Leonardo Soto (PS), aseguró que no le "extrañaba" la determinación que adoptó la fiscalía. Aseguró que en la indagatoria detectaron que "existía un desorden gigantesco" y una "discrecionalidad en los gastos" que no se condecía con una repartición de este tipo.

"Me parece que con su determinación el Ministerio Público está dando un paso gigante", añadió.

Otro de los integrantes de esta instancia y funcionario del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior, Gonzalo Fuenzalida (RN), pidió no prejuzgar a nadie. Y aunque dijo que "sigo creyendo en la buena fe (de Gordon)", agregó que "nos dijo una cosa (en la comisión) (...) pero por otro lado la fiscalía tiene antecedentes que ameritaron para una petición de formalización".

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, reiteró que la postura de La Moneda ha sido que se "pueda esclarecer lo que ahí sucedió" para "que la ciudadanía pueda restablecer también la confianza en una institución tan importante de la República, como lo es Carabineros".

El plazo otorgado por el tribunal para cerrar la investigación vence el 18 de enero, pero es posible que el fiscal solicite una ampliación.

entre 2008 y 2011 Eduardo Gordon fue general director. Reemplazó al fallecido José Bernales.

hoy se revisará la prisión en que está el general (r) Flavio Echeverría, sindicado como cabecilla del fraude.

Unas 24 horas tardó el Ministerio Público en responder a los dichos de Sebastián Dávalos, quien luego de ser sobreseído de la causa principal del caso Caval acusó a la fiscalía regional de O'Higgins de ser "corrupta" e "indecente" por mantenerlo en el proceso por tres años y filtrar antecedentes de la indagatoria.

"Sus palabras constituyen una falta de respeto no sólo para los equipos de trabajo de la Región de O'Higgins, sino para todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, cuya labor la Fiscalía Nacional respalda plenamente y alienta a que sea desarrollada con estricto cumplimiento a los principios de objetividad", dijo en una declaración el Fiscal Nacional Jorge Abbott.

El persecutor, quien ha condenado las filtraciones en todos los casos, le reconoció el derecho a Dávalos a querellarse. Sin embargo, lamentó "el tono agraviante" de sus declaraciones.

Arista tributaria

Ayer el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet llegó al Servicio de Impuestos Internos (SII) para declarar por la emisión de cinco boletas el 2012 relacionadas con una asesoría de la empresa de su esposa al empresario Gonzalo Vial Concha, quien denunció por fraude a dicha sociedad.

Dávalos estuvo una hora y se retiró sin hacer declaraciones. Su abogado, Carlos Fierro, aseguró que su cliente tuvo una "actitud colaborativa" respecto a los antecedentes dados a conocer por el socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero.

El martes, cuando fue sobreseído de cuatro delitos en la causa por la compra y venta de un terreno en Machalí, Dávalos acusó a Valero de ser un "mentiroso" y aseguró que Contraloría no objetó que emitiera las boletas por $2 millones mientras trabajaba en la Cancillería.

Según Vial, la asesoría de Caval se hizo en base al plagio de documentos. Hasta ahora el SII no ha presentado querellas por alguna eventual boleta ideológicamente falsa, lo que ha desatado las críticas de Chile Vamos. El jefe del servicio, Fernando Barraza, aseguró ayer que aún están en "proceso de recopilación de antecedentes", por lo que evitó adelantar la presentación de un recurso. "Las decisiones no son políticas, son técnicas y depende de los méritos de los antecedentes", agregó.

"El tono agraviante (...) daña a todos quienes desempeñan en forma honesta y proba su trabajo.

jorge abbott, fiscal nacional"

una hora declaró ayer Dávalos en el SII por la emisión de cinco boletas para Caval el 2012.

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