Leo Riquelme

Con una temperatura que caía a los -4 grados Celsius, a las 7.54 horas de ayer llegaron al punto fronterizo de Pisiga, en Oruro, los nueve funcionarios de Aduanas y del Ejército boliviano que fueron detenidos en marzo y condenados esta semana por contrabando, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas, tras atacar a un camionero y enfrentarse con Carabineros.

En el lugar fueron recibidos por familiares que viajaron toda la noche desde La Paz junto a la viceministra de Gestión Institucional y Consular de Bolivia, Carmen Almendras, entre otras autoridades.

"Me interesa estar con mi familia", dijo escuetamente al ser entregado uno de los expulsados de Chile, Diego Guzmán.

"Lo único que estábamos haciendo en ese lugar era cumplir con nuestro deber, sabemos muy bien que el contrabando cada día va mermando nuestra economía y es el momento de ponerle un alto", se defendió emocionado otro de los condenados, el capitán Alex Carvajal.

"Ellos fueron aprehendidos, procesados, vulnerados en sus derechos humanos, ultrajados, humillados, golpeados física y psicológicamente y finalmente fueron condenados y sentenciados", acusó la ministra de Comunicación, Gísela López.

Tras ello, durante la tarde fueron llevados al Palacio de Gobierno de La Paz, donde el Presidente Evo Morales los recibió como héroes. En su camino fueron vitoreados por representantes de organizaciones sociales.

Antes de la cita, el Mandatario expresó su felicidad por la liberación y aseguró que esto "nos da más fuerza para seguir unidos luchando para que Bolivia vuelva al mar con soberanía".

Desde Perú, donde participaba en una actividad oficial, el canciller chileno Heraldo Muñoz defendió el actuar de la justicia nacional.

"En Chile funcionó la institucionalidad y el Estado de Derecho", afirmó.

En la víspera, luego de dictarse la condena y exigirse el pago de una multa de $32 millones, la cancillería chilena había asegurado que la defensa de los imputados tuvo las "condiciones adecuadas" y pidió no politizar un proceso judicial.

101 días permanecieron detenidos en la cárcel de Alto Hospicio los nueve funcionarios.

$32 millones debió pagar de multa el gobierno boliviano para liberarlos. Evo Morales se quejó ayer por esto.