Camila Infanta S.

En una nueva jornada judicial, ayer fueron formalizadas ocho personas por su relación con el fraude en Carabineros, que supera los $17.500 millones.

Uno de los que llamó la atención fue el caso de Ángel Aguilera, una persona que pese a ser un civil que no se desempeñaba en la institución, recibió como "remuneración" $234 millones.

El tribunal lo dejó bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional, al igual que a los siete restantes, todos imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos.

"Nos dijeron que éramos parte de una organización criminal y eso no es así, fuimos engañados", dijo Aguilera en la formalización, según publicó La Segunda.

Otro de los imputados, Paulo Cousiño, sospechoso de recibir $47 millones, aseveró en la audiencia que "nunca" se quedó con dinero. "No tengo nada que ver, yo con ningún carabinero. No conozco a ningún carabinero, a nadie que sea nada, no tengo idea de nada", dijo.

En la misma línea, el imputado por recibir $27 millones, Mario Yerkovic, recalcó a la salida que "soy inocente, solamente me vi involucrado, engañado por terceras personas. Soy un civil que engrupieron y me usaron mi cuenta para sacar dinero. Si yo hubiese sabido no llevo a mi suegro ni a mi consuegro para esta cuestión".

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, que lidera las pesquisas, aseguró que la investigación ha revelado que los imputados abrieron cuentas corrientes y de ahorro exclusivamente para recibir el dinero de la policía.

Inicialmente se formalizaría a 14 personas. Los seis que quedan presentaron justificativos y serán imputados en una nueva audiencia.

Con los de ayer, los investigados llegan a 51 personas y podrían seguir aumentando, al igual que el monto, dijo el fiscal. Según él, como se habla de montos tan altos, las penas de los acusados "parten de 10 años y un día y puede llegar a 15" años.

Por tres horas declaró en la fiscalía de Las Condes el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann Von Mühlenbrock. Lo hizo como testigo en la investigación por el hallazgo de micrófonos y hackeo en dependencias de la organización y a Empresas Carozzi.

El dirigente se retiró sin hablar con la prensa. Mientras eso ocurría, funcionarios de la Brigada del Cibercrimen de la PDI realizaban diligencias en Carozzi. Ahí trabaja el vicepresidente de la Sofofa y director de la compañía, Juan José Llugany, a quien también se le hallaron dispositivos en sus oficinas.

Los policías lo entrevistaron y se llevaron material, tal como hicieron el lunes en la Sofofa. "Confío en la Justicia y en la pronta resolución de este caso", dijo Llugany.

La fiscal Lorena Parra comentó al término del interrogatorio de Von Mühlenbrock que está indagando incluso la posibilidad de un automontaje. "Una investigación seria debe descartar todas las hipótesis", afirmó.

Ayer, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, descartó alguna relación en el caso, como deslizaron el sociólogo Fernando Villegas y el presidente de la CPC, Alfredo Moreno. "Hacer una insinuación de eso es bien irresponsable (...) Es un exceso de fantasía", dijo a radio a Cooperativa.

Moreno ayer pidió frenar las "declaraciones irresponsables" y "dejar trabajar tranquila a la fiscalía". Confirmó que en la CPC han tomado "mayores precauciones" de seguridad.

Se autodenominan "Movimiento Social Patriota" y a través de redes sociales dan cuenta de sus actividades. Éste es el grupo que el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) denunció ante la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por "pegar carteles con discursos de odio en calles céntricas", todos de carácter homofóbico, en diferentes ciudades del país y, además, mencionando de manera ofensiva al activista Rolando Jiménez.

"En los carteles se asocia a la diversidad sexual y de género con los abusos de niños, se califica de 'dictatorial' la lucha por la igualdad de derechos, se oponen a nuestras campañas para el izamiento de banderas de la diversidad y por los derechos de personas trans y se lanzan contra nuestro dirigente histórico, Rolando Jiménez", dijo ayer la vocera del Movilh, Daniela Andrade. Desde esa entidad consideraron al "Movimiento Social Patriota" como un grupo neonazi, aunque ellos mismos a través de sus redes sociales se desmarcan de ese calificativo para insistir en que son "un grupo de chilenos patriotas". hoyxhoy se contactó con el Movimiento Social Patriota, sin embargo no obtuvo respuesta.

"Los movimientos neonazis son un peligro para la sociedad y para las minorías, en tanto se mueven por el rechazo a la diversidad social, a la cual desprecian", concluyeron desde el Movilh.

Pasada de las 16.30 horas de ayer se declaró un incendio al interior de una fábrica de químicos, ubicada en Camino Calera de Tango con Camino El Barrancón, el que rápidamente se expandió afectando a un restaurante colindante y a la casa particular del dueño del local de comida. Al lugar llegaron más de 10 compañías de Bomberos, provenientes de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y la localidad de Linderos, para tratar de controlar las llamas, lo que al cierre de esta edición aún no habían conseguido. Según informó Carabineros, en la fábrica sólo se encontraban trabajando dos personas, ambas de nacionalidad haitiana, quienes resultaron con graves quemaduras y fueron trasladadas al Hospital Parroquial de San Bernardo. "Salieron corriendo. Se estaban quemando", relató Juan Carlos, un testigo, al canal 24 horas. Según las primeras indagatorias, el fuego se habría producido por la explosión de un cilindro de gas licuado de petróleo al interior de la fábrica, aunque vecinos aseguraron haber escuchado más de una explosión.