Leo Riquelme

El ex Presidente Sebastián Piñera desmintió ayer al vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, que acusó el fin de semana que en su mandato "dejó morir" la revisión de la Ley Reservada del Cobre, que abastece de financiamiento a las Fuerzas Armadas.

"Él es el vocero de Gobierno y tiene que actuar con la verdad. Cuando dice que le quitamos impulso a ese proyecto no dice la verdad", dijo en una actividad de campaña municipal en Las Condes.

El ex mandatario recordó que su administración presentó un proyecto que terminaba con el cobro de un impuesto del 10% a las ventas de Codelco "y al mismo tiempo le daba el financiamiento que requieren a las FF.AA", añadió. Piñera culpó a los senadores de la ex Concertación del freno y afirmó que Díaz "lo sabe muy bien".

La polémica por la ley reservada se reabrió en las últimas semanas por el difícil presente financiero de Codelco y las irregularidades que investiga la justicia por el uso de los dineros que llegan a las Fuerzas Armadas desde la minera estatal.

Díaz insistió en responsabilizar a Piñera del presente de la iniciativa. "Cada gobierno tiene que hacerse cargo de los proyectos que envía y la responsabilidad de que el proyecto no haya avanzado es del gobierno de la época. No se puede endosar a los senadores de la Concertación", dijo.

Según la encuesta Cadem divulgada ayer, un 57% de los consultados que conoce la ley considera que debe ser derogada. El Gobierno ha dicho que está dispuesta a revisarla, pero ha descartado que sea una prioridad.

En una ceremonia encabezadapor la Presidenta Michelle Bachelet, ayer comenzó a regir la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, que eleva los estándares de transparencia y control para quienes trabajen en este sector.

Ahora habrá tres mecanismos a cumplir: efectuar una declaración de patrimonio e intereses; mandato de administración de cartera de valores; y deber de enajenar ciertos bienes.

La multa por no cumplir con la declaración va desde una multa de 50 UTM (equivalentes a $3 millones) hasta la destitución del cargo.

Además, quienes tengan un patrimonio mayor a 25 mil UF deberán extender un mandato a una entidad para su administración. Si no se hace, la sanción llega hasta 1.000 UTM($46 millones).

Asimismo, se obliga a enajenar las participaciones en empresas que presten servicios al Estado, las que tengan servicios con tarifas reguladas o las que explotan concesiones del Estado. Así, quienes sean superintendentes deberán deshacerse de su participación en las firmas que estén sujetas a la competencia o fiscalización de esa entidad.