Camila Infanta S.

El caso tsunami que indagó las responsabilidades de las autoridades tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, no tendrá un juicio. Así lo determinó ayer la jueza Carolina Gajardo, en el cuarto día de audiencia, al decidir que el acuerdo al que habían llegado los imputados con la fiscalía era válido, por lo que se definió la suspensión condicional del procedimiento.

La magistrada aseveró que se cumplían los requisitos legales, añadiendo que la propuesta debía ajustarse a ello y no a cuestiones "éticas u ontológicas", y aceptó como válido el pago acordado previamente entre las partes de $235 millones a repartir entre familiares de 104 víctimas (en tres cuotas), y otros $10 millones para un seminario sobre sismos y terremotos.

Además, Gallardo exigió a los seis imputados la lectura -inmediata- de una declaración pública, pero sin reconocimiento de culpa.

Declaraciones

El primer imputado en hablar fue el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien explicó que llegó esa madrugada a la oficina de la Onemi para ayudar en lo que pudiera. Dijo que "lamenta" todos los días no haber podido salvar más vidas y que es una "pena" que lo "acompañará por siempre".

Agregó que tiene la esperanza de que los familiares de las víctimas sepan que se reconoce su responsabilidad en los hechos de esa fatídica madrugada y aseguró que "fui vocero de la precariedad del Estado y desde el primer día he asumido las consecuencias del rol que me correspondió desempeñar".

"Si alguna de mis acciones de aquella noche contribuyeron de alguna forma a que se cometiera un error, lo lamento sinceramente y pido disculpas", finalizó.

El turno siguiente fue de la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, quien visiblemente afectada y con la voz a ratos entrecortada dijo que "hasta hoy, por muchas razones, vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan". Tras una breve pausa, añadió: "Estoy cierta que esto jamás podrá compararse con el dolor de los familiares de las víctimas fatales, a quienes, sin complejo alguno, doy mi acompañamiento, pidiendo a todos ellos que sean acogidas estas palabras como gesto honesto de quien jamás quiso un resultado dañino de ninguna naturaleza a las personas".

La periodista insistió en que nunca quiso provocar daño, pero apuntó que "un error lo comete todo el mundo".

El ex responsable del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), Mariano Rojas, dijo que intentó "tomar las mejores decisiones con los datos disponibles" en ese momento. Y Johaziel Jamett, jefe de alerta temprana de la Onemi, pidió disculpas a las víctimas y se declaró "abatido".

A la corte

Los abogados querellantes, presentes en la audiencia, calificaron de "injusto" el fallo de la jueza Gajardo y anunciaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones.

El abogado que representa a varios familiares de las víctimas, Alfredo Morgado, dijo que ejercerán el derecho que les corresponde, pues "estimamos que las condiciones de esta salida alternativa no es una adecuada resolución de este conflicto, no es proporcional, vamos a apelar y la corte resolverá".

Raúl Meza, representante de otras víctimas, dijo que la decisión de suspender el juicio es la "sentencia más injusta de la historia de la reforma procesal penal".

Y agregó que "Chile ha sido testigo de la sentencia más aberrante y vergonzosa que pudo haber dado un juez. Plasma la vulneración de los derechos de las víctimas" y cuestionó que la magistrada no tomara en cuenta "el dolor, la extensión del mal causado. Murieron 104 compatriotas y una jueza en Chile estima que eso es irrelevante". Además reiteró que está seguro que su "convicción es que la Presidenta (Michelle Bachelet) es la gran responsable de esos hechos".

El próximo lunes se realizará una audiencia en el Centro de Justicia para discutir la decisión del Ministerio Público, anunciada el martes, de no perseverar en la investigación en contra de la Mandataria.