En 321 hospitales, consultorios y oficinas del país los padres de los recién nacidos podrán inscribir a sus hijos recién nacidos desde hoy, medida anunciada ayer por la dirección del Registro Civil para enfrentar uno de los grandes problemas que ha ocasionado el paro de 38 días de los funcionarios de ese servicio.

"Este es un esfuerzo por darle identidad a los chilenos que están naciendo", comentó su director, Luis Acevedo.

La movilización ha impedido la inscripción de 30 mil niños. Desde el fin de semana un plan de contingencia ha permitido el registro de nacimientos y defunciones, que llegaba ayer a 243 personas.

Acevedo añadió que esa tarea será cumplida por funcionarios que no están paralizados.

En la Región Metropolitana este sistema operará en los hospitales Padre Hurtado (ubicado en San Ramón) y en el Sótero del Río (de Puente Alto. Así, ambos se sumarán a los trámites que ya se hacen en la dirección nacional del organismo, ubicada en calle Catedral con Almirante Barroso, en Santiago.

Respaldo funcionario

La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, dijo que le parecía "bien" que la dirección implementara este sistema en centros asistenciales con trabajadores del organismo.

"Al director le ha quedado grande el poncho (...) Está dejando la embarrada y los funcionarios tenemos que ayudar por el bien de la ciudadanía", afirmó.

El gerente general de la fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, recordó que Chile suscribió la Convención de los Derechos de los Niños y acaba de presentar su proyecto de Sistema de Garantías de Derechos para la Infancia. "Hoy el Estado ha sido incapaz de garantizar el derecho a la identidad a 30 mil niños, por lo tanto cabe legítimamente preguntarse: ¿podrá hacerse cargo de un sistema que realmente vele por el desarrollo positivo de la infancia?", planteó.

Por 76 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora sobre los subsidios que reciben las empresas forestales desde 1974, incluyendo CMPC, que es la matriz de CMPC Tissue, que entre el 2000 y el 2011 se coludió con SCA Chile para repartirse el mercado y manejar los precios del papel higiénico y servilletas.

El decreto opera desde 1974, cuando el director de la Conaf era Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet y ex representante de SQM. Éste entrega aportes directos por hectárea de pinos plantada.

Según los parlamentarios del PC que promovieron la comisión, por esa vía el Estado favorecería una integración vertical en este mercado.

Daniel Núñez agregó que indagarán si ha existido sobreprecio por la colusión en el dinero que gastó el Estado en papel higiénico y servilletas a CMPC Tissue y SCA. Ello, luego que Hacienda identificara que desde el 2007 el Estado le ha comprado US$41 millones en productos a ambas.

El presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que buscarán aclarar porqué la Fiscalía Nacional Económica tardó tantos años en descubrir el acuerdo. Y aunque no tienen atribuciones para investigar actos de privados, Camila Vallejo añadió que se necesita esclarecer "la complicidad" de este sector con el público. "Porque hay reglas del juego que avalan e incentivan la colusión", agregó.

Media hora después de reunirse con la presidenta de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, la ministra de Justicia Blanco, envió un mensaje a los movilizados.

"El paro se debe acabar ya. Son muchos los chilenos que están pagando las consecuencias (...) El daño acusado es invaluable", afirmó.

Apuntó a quienes trabajan a honorarios y a contrata, cuyos contratos deben renovarse en diciembre. Les avisó que deben "reintegrarse ya". Además, tras 38 días paralizados les advirtió a los funcionarios que : "mes que no se trabaja, mes que no se paga".

Blanco y Díaz se habían reunido en el ministerio, donde discutieron una cuarta propuesta, aunque esta vez creada por los trabajadores.

A la salida, la dirigenta dijo que bajaron sus pretensiones económicas, pero "estamos lejos (...) Nosotros hemos retrocedido, pero ellos no".

Luego de enterarse de los dichos de Blanco, Díaz le recordó que ella tampoco tenía contrato a plazo fijo. "Con amenazas no vamos a volver a trabajar. Que las amenazas no se apoderen de esta negociación", pidió. Anoche, tras una nueva reunión, la dirigenta dijo que el paro seguía.

Los representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de los funcionarios del Registro Civil se reunieron con los agentes de la Organización Internacional del Trabajo. Tras ello, anunciaron que presentarán un recurso contra el Gobierno por su actuar ante el paro, que insiste que es ilegal y ha puesto reemplazos de otras reparticiones. Los dirigentes dicen que ello contraviene los convenios ratificados por el país.