El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) solicitó a través de oficios ayer a las empresas CMPC Tissue y SCA Chile que envíen a la brevedad posible un plan de compensación para los compradores, luego que ambas reconocieran que se coludieron por al menos diez años para manejar el mercado y los precios del papel higiénico y las servilletas.

"Lo que sobró tiene que ser devuelto y de forma fácil", dijo su director, Ernesto Muñoz, que exigió procedimientos rápidos de reparación por los acuerdos que le permitieron a ambas compañías repartirse el 90% del mercado, con ventas anuales por unos US$400 millones.

El funcionario comparó lo ocurrido con la colusión de las farmacias, donde se implementaron compensaciones con comprobantes de los precios convenidos entre las empresas y estimados para la gente que no pudo comprarlos por los altos precios.

Explicó que la propuesta la deben presentar las coludidas, pero agregó que esta vez "probablemente no vamos a exigir comprobantes" para "devolver lo que se le cobró demás a los consumidores".

El domingo el dueño del grupo CMPC, Eliodoro Matte, le solicitó a sus clientes que perdonen el acuerdo realizado por sus ejecutivos, del que aseguró que no estaba al tanto.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, no quiso comentar si le creía al empresario, pero respondió: "Hay millones de consumidores afectados y a ellos se les debe una reparación (...) La empresa debe aclarar cómo materializa ese arrepentimiento", y recordó que la delación compensada a la que se acogieron las compañías no las eximía de las compensaciones

Arista penal

Ante una denuncia interpuesta por los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas, la fiscalía metropolitana sur designó al fiscal Cristián Galdames para que investigue la existencia de posibles delitos en este caso de colusión.

El elegido fue quien lideró la indagatoria por la muerte de 88 personas en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 2010.

Desde la fiscalía explicaron que Galdames se abocará inicialmente a recopilar las pruebas documentales que existan. En tanto, el diputado Silber dijo que solicitarán que se cite a declarar a todos los ejecutivos involucrados.

Uno de los proyectos más importantes impulsados por el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, es la Clínica de Ñuñoa, cuya infraestructura está lista desde 2012 en Av. Grecia, pero que hasta hoy no funciona como centro de salud.

Tras la salida del histórico edil, varios vecinos se preguntaron qué pasaría con el plan inconcluso. Sin embargo, el doctor Roberto Stern, quien ha trabajado en éste desde sus inicios, afirmó que en esta materia la voluntad de la nueva autoridad, Andrés Zarhi, es similar a la de su antecesor.

Asimismo, Stern contó a hoyxhoy que "estamos a la espera de la recepción municipal final, que permitirá ingresar todo el papeleo para obtener el permiso sanitario de la Seremi, que desde la solicitud tardará unos dos meses en aprobarse". Así, calcula el profesional, podría haber marcha blanca en enero de 2016 e inauguración en marzo. No obstante, Stern aclaró que al principio el edificio de cinco pisos funcionará como nueva sede (con mayor capacidad de atención a público) del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Salvador Bustos y la posta de la comuna, lo que ocupará la mitad del inmueble. Mientras la parte que contemplará el proyecto original de la clínica, con pabellón y hospitalización podría empezar a atender en 2017.

Por su parte, la actual sede del Cesfam y la posta se convertirán en un centro del adulto mayor, con camas para 100 ancianos y capacidad para recibir a más durante el día.

La fiscalía le propondrá a los ex ejecutivos de La Polar Pablo Alcalde, María Isabel Farah, Julián Moreno y Santiago Grage un juicio abreviado con menores condenas a cambio de que reconozcan sus responsabilidades por las repactaciones unilaterales cometidas durante la década pasada y que afectó a un millón de clientes. La medida buscaría evitarse un juicio largo y apurar posibles pagos. El 14 de diciembre se realizará una audiencia con ese fin.

El Colegio Médico Metropolitano acusó a un persecutor de la Fiscalía Centro Norte de no permitir la donación de ocho órganos de un paciente fallecido en el hospital San Juan de Dios, asegurando que ordenó el envío del cuerpo al Servicio Médico Legal a pesar de que la familia había autorizado el procuramiento, según informó radio Cooperativa. Desde el Ministerio de Salud pidieron mejorar la coordinación con el Ministerio Público.