Representantes de las principales empresas de telecomunicaciones que operan en el país se reunieron ayer con las autoridades gubernamentales del sector, que informaron que se invertirán US$700 millones para desplegar la banda de 700 MHz, que es la que permite el uso de la red de telefonía móvil e Internet de cuarta generación, que ofrece una mayor velocidad que el sistema tradicional (3G), y de una manera más eficiente.

El proceso para el uso de dicha banda partió el viernes de la semana pasada, cuando la Contraloría General de la República tomó razón de los decretos de otorgamiento de concesiones a las empresas Claro, Entel y Movistar, según informó el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf.

Una vez que se publiquen en el Diario Oficial, las compañías tendrán hasta 18 meses para implementar la conectividad en zonas rurales o lejanas, que hoy no tienen 4G. De esta manera, cuando ello ocurra, tendrán conectividad 1.281 localidades aisladas (que suman a unos 186 mil habitantes), 503 establecimientos educacionales municipales y/o particular subvencionados (con 14.800 alumnos) y 13 rutas (854 kilómetros en total).

Para las escuelas la conectividad será sin costo durante los dos primeros años.

Para las zonas aisladas, el Gobierno incluyó como exigencia que el cobro por el servicio que la empresa solicita a los clientes de la capital regional.

Además, la licitación estableció que las principales compañías tienen la obligación de entregar ofertas de facilidades para operadores móviles virtuales (OMV, del tipo WOM o Virgin, entre otras) y de interconexión para la provisión del servicio de roaming nacional, lo que en el Gobierno creen que impactará en los clientes finales, mejorando cobertura y, en el mediano plazo, el precio.

Los US$700 millones que invertirán se desglosan en US$300 millones en infraestructura para el despliegue de redes, y US$ 400 millones para proyectos comerciales de las propias empresas y a la compra de equipos.

Hoy se cumplen cuatro días de la desaparición de Eliana Gómez (71), vecina de la población 5 de Octubre de Tocopilla cuyo rastro se perdió cuando estaba en su casa y unos aluviones arrasaron con todo a su paso el domingo.

La PDI llevó al sitio sus perros Ksar, especializados en la búsqueda de personas, que hasta ayer habían marcado dos veces el patio de una casa que está completamente cubierta por el barrial.

Junto a ellos trabajan en el rastreo voluntarios, carabineros, militares y bomberos llegados de Antofagasta, Calama y la propia Tocopilla.

La búsqueda es intensa y se concentra en las calles Esmeralda, Gómez Carreño y Teniente Uribe, lugar desde donde desapareció la mujer.

Ayer, en tanto, fueron los funerales de las primas Mirna Bugueño (75) y Teresa Díaz (56), dos de las tres fallecidas que dejó el temporal.

En lo que a infraestructura se refiere, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó el catastro oficial para determinar de manera exacta las condiciones en que quedaron las casas. Se espera que el fin de semana las encuestas se encuentren listas, con más de 500 hogares visitados.

Casi todos los caminos de Antofagasta están habilitados, exceptuando la Ruta B-1, que une esa ciudad con Tocopilla, que estará habilitada en 10 días. En tanto, la Onemi informó que el 90% de los servicios básicos ya está repuesto.

"Hemos conseguido negociar con Codelco y eso era lo que buscábamos. Necesitamos que se revise el Acuerdo Marco, porque en él hay bastantes cosas que se pueden mejorar", fueron las palabras de conformidad con que el director de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), José Mardones, confirmó ayer el fin del paro de los contratistas de la minería en Calama, y también que mantuvo detenida la división Salvador y varias faenas de Ministro Hales.

Esto, tras convenir una mesa de negociación entre trabajadores contratistas, subcontratistas y las empresas contratistas, que tendrá la participación de la estatal.

En la instancia se discutirán los beneficios para los trabajadores -comprendidos por el llamado Acuerdo Marco-, que se revisaban año por medio, y se espera llegar a una solución laboral a más tardar en dos semanas desde la puesta en marcha de la mesa.

El vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco, José Robles, destacó que las empresas contratistas se comprometieron a no tomar represalias en contra de los trabajadores que participaron en movilizaciones. Es decir, no habrá despidos o persecución de funcionarios, y se reincorporará a quienes ya fueron desvinculados.

La CTC llamó a los trabajadores a permanecer en "estado de alerta" y en atención máxima frente al cumplimiento de los protocolos establecidos.