En Bruselas, Bélgica, donde participó en una reunión conjunta de la Celac y la Unión Europea, la Presidenta Michelle Bachelet se refirió ayer por primera vez a la polémica salida del ex ministro de la Segpres, Jorge Insunza, quien realizó informes a Antofagasta Minerals mientras era diputado y presidente de la comisión de Minería de la Cámara, y otros a Codelco.

En conversación con periodistas, la Mandataria aseguró que al momento de nombrar al PPD en su cargo, el 11 de mayo, "nada hacía pensar que era inadecuado", ya que no existían antecedentes en sus datos públicos que lo inhabilitaran. Los informes los conoció después.

Sobre las asesorías a la cuprífera estatal, Bachelet explicó que "fueron cuando no era diputado y, por tanto, era un trabajo normal, legal. Eso no genera dificultad para ser diputado o ministro".

Sin embargo, el caso de Antofagasta Minerals es diferente, pero según explicó la Mandataria, a "él no le pareció relevante entregarme tal información y esa es una situación distinta".

Por ello explicó que "él, asumiendo una responsabilidad, presentó la renuncia; y yo, asumiendo una situación compleja, se la acepté".

Más tarde, la Mandataria dijo que "Chile es un país que, cuando se enfrenta a situaciones, toma las decisiones que tiene que tomar".

La comisión de Ética de la Cámara solicitó a los diputados que informen todos los ingresos adicionales que perciben al margen de sus pagos y dietas parlamentarias. La instancia requirió que declaren si los dineros provienen del ejercicio profesional o de participación en empresas, sociedades o propiedades que les generen rentas. La medida se adoptó luego que el PPD Jorge Insunza renunciara a la secretaría general de la Presidencia, tras reconocer que cuando era diputado realizaba asesorías para Codelco y para Antofagasta Minerals; y que el UDI Felipe Ward, integrante de la comisión de Minería, revelara que tiene una sociedad minera. La comisión parlamentaria también acordó citar a tres diputados involucrados en procesos penales: Felipe De Mussy (UDI), Marcelo Chávez (DC) y Christian Urízar (PS). El objetivo es que expliquen a sus pares las actuaciones que han tenido en las indagatorias en curso. La medida de la Cámara se acordó un día después que sus pares del Senado convocaran a cuatro miembros con investigaciones avanzadas actualmente en la fiscalía.

Un día después que lo marginaran de la investigación por Corpesca, que habría hecho pagos al senador UDI Jaime Orpis, el fiscal del caso Penta y SQM, Jaime Gajardo, se reunió ayer con el fiscal nacional Sabas Chahuán. A la salida, negó que fuera a renunciar al Ministerio Público y aseguró que la cita fue para informar el hallazgo de boletas de SQM que podrían tener relación con la pesquera. "Tengo la esperanza de que no voy a salir de la causa Corpesca", dijo. Temprano, el jefe de la fiscalía regional metropolitana oriente, Alberto Ayala, argumentó su decisión de removerlo de la indagatoria para buscar una "mejor forma de tramitar las causas". Sin embargo, también criticó las filtraciones que han existido en estas indagatorias. "No tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo que tomar las medidas", planteó Ayala. Gajardo negó ser la fuente de tales filtraciones. Sabas Chahuán dijo que confiaba en el trabajo de ambos fiscales.

El ex candidato a la presidencia de la DC, Rodrigo Albornoz, solicitó la expulsión del alcalde de Maipú, Christian Vittori, luego de que se viera involucrado en presuntas irregularidades en la licitación de la basura. Vittori por el momento mantiene congelada su militancia. El lunes, la fiscalía pidió la formalización de la autoridad comunal debido a supuestas anomalías en los procesos de adjudicación a empresas que recogen desechos en la comuna. El alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, quien milita en RN, también será formalizado, pero éste descartó congelar su militancia, pues cree que eso sería "inculparse". Por política, RN suele hacerlo en casos de formalizaciones.

Los diputados de RN, Paulina Núñez y José Manuel Edwards, presentaron un listado con más de 20 sociedades ligadas a miembros de la Nueva Mayoría y que, según sus antecedentes, habrían prestado servicios a Codelco. A su vez, los diputados informaron del el envío de un oficio a la estatal solicitándole que muestre los informes pagados a estas empresas. La parlamentaria afirmó que "aquí tiene que llegar el minuto en que se destape las ollas de Codelco, porque es sabido por mucho tiempo que es una caja pagadora de favores políticos".

El senador UDI Víctor Pérez acusó a la fiscalía de discriminar a la oposición al investigar casos en que se relaciona a empresas con políticos. "¿Por qué después de tantos meses no se ha citado a alguien de la Concertación, a "¿Rodrigo Peñailillo, por ejemplo?", preguntó. También criticó al fiscal Carlos Gajardo. "Cuando él no está, las cosas no se filtran", afirmó.