Por cinco horas declaró ayer en el Ministerio Público el dueño de la empresa Asesorías y Negocios, Giorgio Martelli, sindicado como uno de los recaudadores de las campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, y a quien le emitieron boletas y prestaron servicios en 2012 e inicios del 2013 figuras del oficialismo como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el despedido director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, entre otros.

El interrogatorio se detuvo porque el Fiscal Nacional Sabas Chahuán tenía otras actividades en la tarde. Sin embargo, adelantó que continuará hoy y posiblemente mañana.

"Ha sido positivo. Hubo bastantes preguntas, pero quedan muchas pendientes", dijo el jefe del Ministerio Público. "Todo nuevo antecedente es importante", agregó la fiscal Carmen Gloria Segura.

Ambos participaron del interrogatorio. Chahuán negó que la ausencia de otros persecutores del caso Penta y SQM, como Carlos Gajardo se debiera a una petición de Martelli. Según él, fue porque tenían otras audiencias.

El geógrafo comenzó a aparecer en la indagatoria por la relación económica que habría sostenido con Soquimich, que es indagada por eventual fraude tributario por la emisión de supuestas boletas ideológicamente falsas. Tras ello, se detectaron documentos cursados a otras firmas, entre ellas algunas del grupo Angelini, y que en su conjunto se habrían emitido a partir del 2009.

En la carpeta investigativa se incluye que entre 2012 y 2013 pagó por servicios a Peñailillo y Jorratt. Al primero incluso le canceló cuatro boletas por presuntos informes relacionados con la Unión Europa, y también le habría costeado al menos dos viajes a Nueva York en esos años, lapso que coincidió con la presencia en Estados Unidos de Bachelet como jefa del programa ONU Mujeres.

Según la Alianza, esto fue parte de la precampaña de la Nueva Mayoría para el retorno de la Presidenta.

Chahuán dijo que por ahora no abrirá una investigación relacionada con Jorratt, quien tras salir del SII la semana pasada acusó que recibió presiones desde el ministerio del Interior en la realización de su trabajo, las que, según él, comenzaron a partir del surgimiento de la arista SQM. El Gobierno ha dicho que eso investigarlo la fiscalía.

Martelli dejó la fiscalía nacional por una puerta trasera.

El tribunal de garantía de Rancagua aclaró ayer que la fiscalía investiga en calidad de imputado al secretario regional ministerial de Vivienda, Wilfredo Valdés, por su presunta participación en el caso Caval, que indaga posibles ilícitos en la compra de un terreno en Machalí por parte de la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

La audiencia se realizó ante la inquietud de la defensa de la autoridad, que afirmó que desconocía los hechos por los cuales lo investiga el fiscal regional Luis Toledo.

La fiscalía desea aclarar la relación que tuvo Valdés en el caso, pues el 2013, antes de ser seremi, tasó los tres terrenos a petición del Banco Santander, entidad a la que Caval le estaba solicitando el crédito. El 2014, ya en el Gobierno, el secretario regional llamó a licitación la modificación del plan regulador intercomunal, instrumento que valorizaría el sitio comprado con un crédito del Banco Chile y luego vendido a Silca en $9.500 millones.

En la misma causa, ayer se definió el sobreseimiento de la denuncia por estafa que había interpuesto Silca en contra de Caval. Esto, porque las partes llegaron a un acuerdo que rebajó el negocio en unos $1.250 millones.