Minutos antes de las 10 de la mañana, y acompañado de su abogado y dos escoltas presidenciales, por ser hijo de una Jefa de Estado, Sebastián Dávalos llegó ayer a la Fiscalía de Rancagua para prestar de forma voluntaria su declaración por el denominado caso Caval, que indaga la compra de terrenos con presunta información privilegiada. Allí conversó con el fiscal Luis Toledo por cuatro horas.

Lo sucedido con Dávalos distó de lo ocurrido con su esposa Natalia Compagnon el miércoles pasado, cuando la cientista política declaró por más de 9 horas, con gran expectación de la prensa y manifestaciones a la salida de la oficina del Ministerio Público, lo que dificultó su traslado hacia el auto.

Ayer el ex director sociocultural de La Moneda llegó y se fue en completo silencio, fue trasladado por un auto fiscal, estuvo escoltado y con resguardo policial. Además, Carabineros había acordonado el sector y cortado el tránsito vehicular, por lo que los medios de comunicación que estaban presentes no pudieron acercarse a él.

Según informó Emol, el certificado de inscripción de anotaciones vigentes de la camioneta 4x4 marca Hyundai en que viajaba Dávalos, emitido por el Registro Civil, no registraba su seguro obligatorio vigente, por lo que el conductor habría cometido una infracción a la Ley de Tránsito.

Dávalos es investigado por presuntos ilícitos de negociación incompatible, revelación de secreto funcionario y tráfico de influencias.

Operadores políticos

Luego de que el domingo se conociera parte de la declaración de Compagnon ante la fiscalía la semana pasada, ayer el nuevo presidente de la UDI, Hernán Larraín, calificó de "delirante" la opción de que fueran dos operadores políticos de la UDI quienes la convencieron de hacer el negocio y acordaron compartir las ganancias una vez vendido el terreno.

Larraín aseveró en radio Cooperativa que "he oído cosas delirantes en el último tiempo, pero ésta francamente superó toda la imaginación (...) me parece que no se le puede prestar crédito a ese tipo de insinuaciones para lograr pensar que aquí hay una operación política detrás del caso Caval ajena a los actores que ahí están".

Los militantes UDI nombrados fueron el ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero, y el gestor inmobiliario conocido por su participación en el equipo investigador del gremialismo en el caso Spiniak, Juan Díaz. Se cree que habrían más.

Los diputados PPD Daniel Farcas y DC Gabriel Silber entregaron una carta en la cancillería para que se anule la destitución del agregado de Prensa y Deportes de la embajada en España, Carlos Caszely. El ex futbolista fue removido tras criticar al movimiento local Podemos y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El vocero Álvaro Elizalde recordó que la cancillería instruyó el año pasado que toda entrevista debe ser autorizada por Santiago y aseguró que el ex "9" seguirá colaborando con el Gobierno.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) advirtió que las elecciones municipales programadas para 2016 caerán en un fin de semana inusualmente largo, de cuatro días libres. Las votaciones serían el domingo 30 de octubre. El presidente de la AChM, Christian Vittori recordó que en las municipales de 2012 "un 40% de la población en edad de votar" acudió a las urnas, una cifra que podría bajar debido a la posible emigración de santiaguinos. La asociación propone cambiar el día al 23 de octubre.

El nuevo presidente de la UDI, Hernán Larraín, dijo que habrá "solidaridad" pero no defensas corporativas con los militantes investigados por presuntos ilícitos en casos como Penta y SQM. "Cada uno en el ámbito judicial debe responder como corresponde", afirmó. Sin embargo, pidió respetar a las personas aludidas, pues por ahora sólo hay militantes imputados, pero ninguno condenado. "¿Dónde quedará el honor y la honra de esas personas si llegaran a ser declarados inocentes?", se preguntó.